Ante
los hechos evidentes que están afectando actualmente a las Empresas Públicas de
Medellín, en su iliquidez, sumados a la estafa de carácter internacional con
Millicom, ponemos en su conocimiento el escrito del Doctor Libardo Espitia
Rodríguez, publicado el pasado 12 de octubre de 2015. Todo con el fin de
informar que ya varias organizaciones sociales estamos unidas para evitar que
el robo continuado que se le viene haciendo a nuestra ciudad siga prosperando.
Crónica de la irregular compra que hicieron las Empresas Públicas de
Medellín de un paquete accionario de la empresa Orbitel por un precio mucho
mayor del que debía. Y sin embargo ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni
la Procuraduría han hecho nada.
Libardo Espitia Rodríguez
Lunes, 12
Octubre 2015 02:44
Compra mal
hecha
El 5 de
junio de 2006 la banca de inversión Inverlink, del señor Bruce Mac Master
Rojas, le presentó a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín
(EPM) las supuestas bondades de adquirir el paquete accionario restante de
Orbitel que estaba en manos de inversionistas privados. Esta compra se haría
teniendo como horizonte un plan de negocios de internet bajo la plataforma
WIMAX (2007-2013).
La Junta
Directiva de EPM, presidida por el alcalde Sergio Fajardo, aprobó por
unanimidad (Acta 1457) la compra del 50 por ciento de las acciones por un valor
total de 85 millones de dólares que se pagarían así: 80 millones a la firma del
contrato, y el saldo al día siguiente de activar el enlace inalámbrico WIMAX
número 50.000.
El negocio realizado por la EPM tuvo un sobrecosto
de 51,9 millones de dólares, lo cual implicaba un serio menoscabo patrimonial.
El 15 de
junio de 2006 fue suscrito el contrato de compraventa No. 10010827011, donde se
trasladaba a EPM el derecho sobre 26.500.000 acciones de Orbitel, a razón de
3.207 dólares por acción. El contrato mantuvo la condición del enlace 50.000,
pero se le agregaron cuatro circunstancias bajo las cuales también procedería
el pago del valor restante, circunstancias que no habían sido aprobadas por la
Junta Directiva de EPM. Estas fueron:
·
Cuando se diera un proceso de intervención,
posesión o liquidación.
·
Ante cualquier traspaso del control de Orbitel a
personas ajenas al Grupo Empresarial EPM.
·
Ante la cesión o transferencia de la licencia de
Orbitel de WIMAX a terceros no vinculados al Grupo EPM.
·
Si Orbitel o el Grupo EPM, por cualquier razón,
retiraba los enlaces WIMAX de su gama de productos ofrecidos.
El mismo 15
de junio, la Contraloría General de Medellín se pronunció sobre el proceso y
sobre la incertidumbre del cumplimiento de un plan de negocios basado en una
tecnología que no tenía casos exitosos de referencia.
Se contrató
a la consultora Signals Telecom Consulting para que valorara a Orbitel, y esta
concluyó que tenía un valor definitivo de 66 millones de dólares, es decir, que
el 50 por ciento valdría 33,1 millones de dólares. Por lo tanto, el negocio
realizado por la EPM tuvo un sobrecosto de 51,9 millones de dólares, lo cual
implicaba un serio menoscabo patrimonial.
Sobre la
base de esta información y tras ciertos ajustes contables, la Contraloría
municipal cuantificó el daño en 46,9 millones de dólares – o en 108.683.000.000
pesos a la tasa de cambio del momento-. Con esta cifra se dio apertura el
6 de febrero de 2007 al proceso de responsabilidad fiscal 002-2007 contra los miembros
de la Junta Directiva de EPM, Inverlink y Colseguros, y se los llamó a rendir
versión libre y espontánea.
Regalo del
contralor Turbay
Por
disposición constitucional, es posible desplazar a cualquier contraloría
territorial o distrital la competencia para adelantar auditorías o procesos de
responsabilidad fiscal. Esta solicitud no es de obligatorio cumplimiento, ya
que deben tenerse en cuenta factores como los recursos económicos y humanos
disponibles para llevarla a cabo.
Haciendo
uso de esta figura, el 13 de julio de 2007 el alcalde Fajardo y el gerente
general de EPM, Juan Felipe Gaviria, pidieron relevar la competencia de la
Contraloría de Medellín y trasladar el proceso a la Contraloría General
de la República, encabezada por Julio Cesar Turbay Quintero, por una supuesta
falta de imparcialidad y de garantías procesales.
El 17 de
septiembre de 2007 la Contraloría General encontró justificada la solicitud y
asumió el conocimiento del proceso 002-2007. La Contraloría delegada, mediante
Auto 0736 del 27 de noviembre de 2007, decretó la práctica de apoyo técnico por
parte de la delegada del sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones
para llevar a cabo una evaluación comparativa de los diferentes modelos de
valoración utilizados en el proceso de compraventa accionaria de Orbitel.
El apoyo
técnico se dio en el mes de marzo de 2008 con el Informe de Apoyo
Técnico Valoración de Orbitel, que concluyó que el valor del paquete
accionario del 50 por ciento de Orbitel, incluyendo la prima de control para la
época de la transacción no debió superar los 66 millones de dólares. Sin obstar
esta prueba contundente, la contralora delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva Tatiana González Torres dictó el Auto
124 (5 de marzo de 2009) para cesar la acción y ordenar el archivo del proceso
de responsabilidad fiscal.
En segunda
instancia, el contralor General Julio Cesar Turbay Quintero confirmó la
decisión tres meses más tarde.
La Red de
Veedurías de Colombia le solicitó infructuosamente al contralor la reapertura
del proceso 002-2007.
Ni la
Fiscalía ni la Procuraduría
El 21 de
junio de 2006 la Veeduría Cívica para el Desarrollo de Medellín presentó una
denuncia penal por un presunto delito contra la administración pública y detrimento
al patrimonio del municipio de Medellín por esta compra. Los delitos que se
solicitó investigar a la Fiscalía fueron los de interés indebido en la
celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y
peculado por apropiación.
El informe
de la investigación de campo fue rendido el 24 de octubre de 2013, y
finalmente, el 29 de mayo de 2014, el fiscal Pedro Rodríguez Mora, tomando como
valoración probatoria el auto de la Contraloría General, ordenó el archivo de
las diligencias.
Según el
análisis de la Fiscalía, la compra de las acciones se ciñó a los principios de
transparencia, economía y responsabilidad que contemplan la Constitución y el
Estatuto Contractual, pues las actuaciones de EPM fueron públicas y estuvieron
abiertas al escrutinio público. Asimismo, la Fiscalía dio credibilidad al
gerente Gaviria en la escogencia de la banca de inversión y aseguró que no
había existido ningún tipo de favorecimiento para los accionistas particulares.
La Veeduría
Cívica también elevó denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la
Nación para que se investigara el proceso de compraventa. La Procuraduría abrió
entonces el proceso 162-164175-07 y concluyó que las actuaciones de los
miembros de la Junta Directiva se ajustaron a los principios de la Ley 80 de 1993, de
modo que no había elementos para iniciar una investigación disciplinaria.
El 22 de
abril de 2010 la Red de Veedurías le solicitó al procurador Ordóñez la apertura
de investigación disciplinaria al contralor General Turbay Quintero y a la
delegada Tatiana González. Pero en el mes de octubre se negó la petición y fue
avalada la gestión de los citados funcionarios.
El negocio en
cifras
La
Contraloría General de Medellín remitió en marzo de 2010 a la Red de Veedurías
un informe preliminar denominado Ejecución plan de negocios de Orbitel
de proyecto Wimax, donde se ilustraba con detalle lo que se había
denunciado desde 2006: que el plan de negocios del Proyecto WIMAX no se está
cumpliendo y que la EPM lo había modificado.
En este
informe, la Contraloría recalcó que una vez se produjo la compra del paquete
accionario, EPM no solo modificó la razón social de Orbitel S.A. ESP (y la pasó
a denominar UNE) sino también el plan de negocios.
Orbitel
había definido en su plan un valor presente neto (VPN) de 284.269 millones de
pesos, y UNE proyectó un VPN de 3.938 millones para el período 2007-2013, con
lo cual solo se estaría cumpliendo el 1,4 por ciento de lo estimado
inicialmente.
De igual
manera, en el plan inicial se estimaron ingresos por 3,7 billones de
pesos entre 2007 y 2013, pero en su nuevo plan de negocios para el mismo
período la empresa estimó recaudos por 351.539 millones es decir, apenas un 9
por ciento de lo proyectado inicialmente.
Evolución
de los enlaces por trimestre
Concepto
|
Dic-06
|
Mar-07
|
Jun-07
|
Sept-07
|
dic-07
|
mar-08
|
Jun-08
|
sep-08
|
dic-08
|
Mar-09
|
sep-09
|
Dic-09
|
Mercado masivo
|
6857
|
13196
|
20556
|
24132
|
29644
|
40555
|
44214
|
41694
|
39796
|
36492
|
24922
|
20127
|
Mercado corporativo
|
1787
|
2857
|
3853
|
4768
|
5382
|
5470
|
5174
|
5511
|
5419
|
5265
|
4692
|
4352
|
Total enlaces
|
8644
|
16053
|
24409
|
28900
|
35026
|
46025
|
49388
|
47205
|
45215
|
41757
|
29647
|
24479
|
Fuente: Contraloría General de Medellín
En otro
informe del ente de control, se concluyó que entre diciembre de 2008 y junio de
2013 la demanda de clientes de la tecnología WIMAX había disminuido un 82 por
ciento, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
Dic-08
|
dic-09
|
Dic 10
|
Dic -11
|
dic-12
|
Junio 2013
|
45.215
|
24.479
|
25.099
|
18.637
|
10.318
|
7.899
|
Fuente: Contraloría General de Medellín
En síntesis
|
El plan de
negocios, que fuera la base para efectuar la valoración y por ende la
negociación, fue modificado en tres ocasiones:
1. En 2005 por los mismos particulares que vendieron,
2. Cuando EPM había adquirido el 100 por ciento de las acciones de
Orbitel,
3. Por la misma UNE-EPM en 2007.
La
condición fijada por la Junta Directiva de alcanzar el enlace 50.000 para pagar
los 5 millones de dólares restantes a los inversionistas privados, estuvo cerca
de cumplirse en julio de 2008 con 49.388 clientes, pero
después esta cifra tendió a bajar, de modo que la condición no se
cumplió.
La Junta Directiva hizo oídos sordos a las
recomendaciones de la Contraloría General de Medellín
Ninguno de
los presupuestos se cumplió. La Junta Directiva hizo oídos sordos a las
recomendaciones de la Contraloría General de Medellín, que a la postre tenía
razón sobre la incertidumbre que implicaba adquirir un paquete accionario
costoso y sobre el daño al patrimonio a la ciudad.
Pero no
menos decepciona ver el papel de los organismos encargados de vigilar sin
excepción, el uso de los recursos públicos y el ejercicio eficiente de las
funciones administrativas de todos los servidores del Estado- sin contar
lo costoso que resulta su funcionamiento para los colombianos-.
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