Como podrán observar, el 19 de marzo de 2017, nuestro gran amigo, el
Doctor Libardo Espitia Rodríguez, en su espacio de Razonpublica.com, publicó un
artículo muy bien elaborado, como es su costumbre. En nuestro blog, estamos
haciendo reproducción del escrito aludido, porque guarda unas coincidencias
espectaculares con lo que viene sucediendo en las Empresas Publicas de Medellín
y en UNE EPM telecomunicaciones S.A., con su lisiado, financiera y económicamente,
socio estratégico Millicom.
"Mucha gente,
especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser
correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto, o por estar años por
delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón.
Incluso si eres una minoría de uno sólo, la verdad sigue siendo la
verdad”
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
JUNTA DIRECTIVA
UNIGEEP
Refinería de Cartagena: ¿alguien pagará?
Domingo, 19 marzo 2017
Las cifras de sobrecostos en la modernización
de Reficar son cosa de no creer. Aunque se están abriendo las investigaciones,
es probable que no todos los responsables sean sancionados y que el Estado
recupere muy poco del dineral que hemos perdido.
Un desfalco anunciado
El Plan Maestro de Desarrollo (PMD) de la Refinería de
Cartagena (Reficar) podría ser catalogado como la crónica de una muerte
anunciada, pues en él se desconocieron todas las advertencias acerca de la
inconveniencia de privatizar el proyecto, cuando la misma Ecopetrol podía
haberlo adelantado utilizando los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera (FAEP) y con créditos bancarios que las entidades sin
mayores dificultades hubiesen otorgado dada la importancia y el monopolio
privilegiado que tiene la empresa en el país.
El descalabro de Reficar es el desenlace final de las
inconvenientes transformaciones de Ecopetrol que dispusieron los dos gobiernos
de Álvaro Uribe:
1.
En 2003 se le quitaron a esta empresa
las funciones de administrar las reservas de hidrocarburos, se creó la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se volvió al contrato de concesión en lugar
del de asociación.
2.
Se puso a Ecopetrol a competir con
los agentes privados de la industria de los hidrocarburos.
3.
Se transformó a Ecopetrol de empresa
industrial y comercial del Estado a una sociedad por acciones regida por el
derecho privado y se autorizó la venta del 20 por ciento de sus acciones.
4.
Aunque el proyecto de PMD de Reficar
fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 (recalcando que se
haría con participación privada y con la enajenación de inversiones no
estratégicas de Ecopetrol), se ratificó en el siguiente Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010.
5.
Se procedió a la escisión de la
Refinería de Cartagena y a la creación de Reficar S.A.
6.
Se privatizó el 51 por ciento de
Reficar y se le vendió a la multinacional Glencore, una sociedad sin ninguna
experiencia en modernización de refinerías.
Mediante el documento Conpes
3312 de 2004 el proyecto PMD fue declarado de importancia
nacional dada su envergadura. Por ello, bajo el primer mandato de Uribe, se
asignó a Ecopetrol la búsqueda de entidades privadas aptas para realizar la ingeniería
de detalle y la construcción de la expansión de la Refinería, con un valor
máximo calculado en 736 millones de dólares más el 10 por ciento. El proceso
sería mediante un contrato “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos en
la etapa de construcción.
Para la consecución del inversionista privado se creó un
comité interinstitucional integrado por los titulares de los Ministerios de
Hacienda, Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y
Ecopetrol, que recomendaría a la Junta Directiva de Ecopetrol la mejor
estructura para conseguir al inversionista privado, ya fuera por medio de la
escisión, la enajenación o el arrendamiento de los activos de la Refinería de
Cartagena.
En total
se suscribieron 2.460 contratos y el 18 por ciento de los mismos registró
aumentos superiores al 100 por ciento.
Posteriormente, el documento Conpes
3336 de 2005 modificó el cronograma previsto e indicó la posibilidad
de que fuera Ecopetrol el operador del PMD, una opción que en ningún momento se
tuvo en cuenta.
La debacle
El 25 de agosto de 2006, acogiendo las recomendaciones del
comité interinstitucional, se enajenó el 51 por ciento de la participación de
Ecopetrol para beneficiar a la firma suiza Glencore International AG en una
transacción cerrada en 630,7 millones de dólares. Así nació la sociedad anónima
por acciones Refinería de Cartagena S.A. (Reficar). Sin embargo, la
multinacional no demostró la idoneidad ni la experiencia necesarias para el
desarrollo de este tipo de proyecto.
En el año 2007, en desarrollo de las obras de construcción
de la nueva refinería, Glencore celebró un contrato engineering,
procurement and construction (EPC) entre Reficar y Chicago, Bridge
& Iron (CB&I), firma con sede en Texas. El horizonte de terminación de
las obras se calculó para diciembre de 2012, con un contrato bajo la modalidad
de costos fijos (llave en mano).
En 2009, ante la crisis internacional, Glencore abandonó
el proyecto, sin que Ecopetrol le impusiera sanción alguna y, por el contrario,
le recomprara sus acciones por un valor de 549 millones de dólares. Andean
Chemical (cuyo propietario es Ecopetrol) quedó como propietario del 50,99 por
ciento de las acciones de Reficar y Ecopetrol S.A. quedó con un 49 por ciento.
Es decir, la empresa a partir de entonces sola adelantaría el proyecto con los
costos de la recompra y sin aplicar sanción alguna por el incumplimiento de
Glencore.
El contrato tenía una garantía por 75 millones de dólares
y una pena diaria de 166.000 dólares por incumplimiento de obligaciones
contractuales. La supervisión del PDM fue contratada el 1 de septiembre de 2009
con la sociedad Foster Wheeler, que también la venía realizando en el proyecto
de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja.
Como si lo anterior fuera poco, el 15 de junio de 2010, en
las postrimerías del segundo gobierno de Uribe, Reficar decidió cambiar la
modalidad de contratación por una de costos reembolsables, que permitiría
extender sin límite los gastos de inversión, lo que a la postre sería el mayor
dolor de cabeza del PMD.
El control fiscal
En desarrollo de su función fiscalizadora, la Contraloría
General de la República adelantó en noviembre de 2016 una actuación especial al
Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de Cartagena. Según las
conclusiones del organismo de control, durante la ejecución del PMD se dio una
feria de contratos: en total se suscribieron 2.460 contratos y el 18 por ciento
de los mismos registró aumentos superiores al 100 por ciento.
El presupuesto de Reficar en seis años aumentó 101 por
ciento: el 43 por ciento de este aumento corresponde a mayores cantidades de
obra, el 15 por ciento a alzas en los precios y un 13 por ciento a menor
productividad; el 25 por ciento restante se debe a la demora en entrar en
operación.
La Contraloría indicó que el perjuicio total causado
alcanzó los 9.213 millones de dólares, de los cuales 4.144 millones
corresponden a mayores inversiones y 1.936 millones a la entrada tardía en
operación. Como es obvio, en el desarrollo del proyecto no se cumplieron los
principios de economía, eficiencia y eficacia. Por eso el organismo de control
llamó la atención por los costos de Reficar, que llegaron a 8.016 millones de
dólares, 4.023 millones más de lo previsto inicialmente.
Los
costos de Reficar llegaron a 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de
lo previsto inicialmente.
El informe de auditoría concluyó con 36 hallazgos
administrativos, de los cuales 35 tienen connotación fiscal por un monto total
de 2.942,1 millones de dólares. De manera extraña ninguno de ellos comportó
incidencia disciplinaria ni penal.
De igual manera se determinó que las deudas de Reficar con
la banca internacional tenían plazo de ser pagadas hasta el año 2026, mientras
que los créditos de Reficar con Ecopetrol y Ecopetrol AG tenían plazo hasta el
año 2043.
Hace poco la Contraloría, con un excelente manejo
publicitario, dio a conocer la decisión de abrir un proceso de responsabilidad
fiscal por una cuantía de 6.080 millones de dólares (equivalentes a 17 billones
de pesos) contra miembros de Ecopetrol, Reficar y otros contratistas.
Un proceso incierto
Por disposición constitucional y legal, las Contralorías
ejercen la función pública del control fiscal. Si estos organismos
fiscalizadores encuentran evidencias de un daño al patrimonio público debido a
una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, la ley los ha facultado
para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal –PRF buscando así reparar
el daño ocasionado al erario público.
Sobre la base de la Ley 610
de 2000, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal
contra más de 30 exfuncionarios de los gobiernos de Uribe con la finalidad de
resarcir el daño ocasionado al patrimonio de los colombianos por una gestión
fiscal que no se ciñó a los principios constitucionales de la función
administrativa.
No obstante se debe aclarar que la Ley 610 estableció una
caducidad para la acción fiscal de 5 años contados a partir de la ocurrencia de
los hechos o si no se toman decisiones de fondo a partir de la apertura de la
investigación. Así mismo, se estableció que dentro del desarrollo del proceso,
los exfuncionarios y contratistas involucrados están facultados para debatir y
solicitar diferentes pruebas para desvirtuar su responsabilidad y pueden
volverse insolventes trasladando sus bienes a terceras personas y la decisión
final del PRF, en vez de endilgarles responsabilidad puede ser archivado a su
favor. Es decir, el hecho de que haya un proceso de responsabilidad fiscal no
es garantía de un resarcimiento a favor del Estado.
Finalmente, y considerando el alto número de personas
vinculadas al proyecto, también se debe decir que en la investigación no están
todos los involucrados, empezando por el expresidente Uribe, quien no solo
ejerció su papel como primer mandatario sino como ministro de todas las
carteras gubernamentales, como tampoco están los funcionarios que conformaban
el comité interinstitucional creado al amparo del Conpes 3312 de 2004.
*
Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica;
especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, control fiscal y
disciplinario; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.
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