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EL TRUEQUE ACCIONARIO EN EPM: EL CABALLO DE TROYA PAISA
Agosto 04, 2021
El pasado 8 de julio de 2021 la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), propietarias del 52,88 por ciento de la participación de la sociedad dueña de Hidroituango, le propusieron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) -dueña del 46,33 %- que les compre su paquete accionario a cambio de una participación directa del ente territorial en la empresa de servicios públicos, con el fin de evitar un prolongado conflicto judicial. Sin embargo “la Gobernación no recibiría compensación económica, la idea es que sería socia y entraría a participar dentro del Grupo EPM como socio minoritario”. Socio sí, venta no.
La propuesta del trueque de acciones por acciones se origina en el hecho que EPM tiene unas obligaciones constructivas (hitos siete, ocho y nueve de diez en total) como concesionario en la represa de Hidroituango, que no ha cumplido, y que “son el motivo de varias demandas de esta sociedad contra EPM. La solución de un conflicto con las complejidades y repercusiones de este no debería llevarnos a los escenarios judiciales, esta debería ser la última opción”, dice la Gobernación.
El incumplimiento del hito número siete consiste en que EPM, como constructor, no cerró “las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse” a partir de marzo 1 de 2018. Además EPM, "de forma unilateral, modificó los diseños del proyecto y decidió no instalar las compuertas”.
En consecuencia el departamento de Antioquia tiene unas expectativas de ingresos que, dadas las circunstancias, son cada vez más inciertas; la terminación de la obra en los tiempos planeados fue abortada por la contingencia ambiental de 2018 y que impactó negativamente la construcción de la represa y la puesta en marcha de la generación de la energía. Se calcula que empezaría a generar energía a partir julio de 2022 y los sobrecostos debidos a la contingencia llegan a los siete billones de pesos, adicionales a los 11 billones iniciales, para un total de 18 billones que ponen en riesgo la capacidad del proyecto para entregar ganancias a los socios de la Sociedad Hidroituango.
Dado este escenario negativo el departamento de Antioquia, sediento de ingresos para responder a las demandas de desarrollo por parte de sus municipios, ha hecho la propuesta de convertirse en socia de EPM en trueque por sus acciones en la Sociedad Hidroituango. Muy astutos.
Esta propuesta, envuelta en las banderas de la antioqueñidad, que parece generosa por parte del departamento de Antioquia, le señala a EPM la obligación que tiene para con el resto de los municipios del departamento: “equidad regional” es el vocablo del Gobernador (e). Sin embargo, es necesario hacer historia para ver con quién se mete EPM porque hay parientes de parientes.
En 2006 EPM, siendo el accionista
mayoritario con el 53.07 por ciento de participación en el proyecto
Pescadero-Ituango, hoy conocido como Sociedad Hidroituango, accedió -nadie sabe
si ingenuamente o no- a compartir el control mayoritario del proyecto con el
departamento, cediéndole 7.07 % de sus acciones de tal manera que cada uno
quedó con el 46 %. El gerente de EPM era Juan Felipe Gaviria, y Sergio
Fajardo el alcalde de Medellín.
En 2008 el Idea compró a precio generoso, por casi 100 mil millones de pesos, el 6,12 por ciento de la participación de los accionistas minoritarios privados del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, para hacerse a la mayoría accionaria con el 51,7 %. Esta acción fue calificada como una “toma hostil” por el editorialista de El Mundo.
Posteriormente el gerente del Idea, Álvaro Vásquez, anunció el propósito de tener la mayoría accionaria: la Gobernación de Antioquia quería una nueva junta directiva del proyecto Pescadero-Ituango que reflejara la nueva realidad accionaria. Mientras EPM quería que el gerente fuera escogido por una firma de cazatalentos, el Idea quería un hombre de confianza del exgobernador Luis Alfredo Ramos. “Estoy seguro -decía el gerente del Idea- que Antioquia no entendería que, después de hacer semejante esfuerzo para lograr el control, este lo dejáramos diluir en un potencial acuerdo de accionistas”. Por supuesto que no.
La primera inquietud que este negocio-traición hace surgir es: ¿por qué el Idea pagó un enorme sobrecosto para adquirir la mayoría accionaria en un proyecto público en donde compartía la mayoría con EPM -otra entidad pública-? ¿Qué necesidad había de darle este golpe de gracia a EPM, que generosa e ingenuamente se había desprendido de la mayoría accionaria?
Las respuestas dadas por los dirigentes del departamento en un foro de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) por ese entonces no resolvieron las inquietudes de la opinión pública ni las de EPM. Mientras, el gobernador Luis Alfredo Ramos reclamaba la primogenitura sobre EPM, al mismo tiempo afirmaba que no era un “socio hostil” para EPM. Sin embargo, el asunto no podía quedarse en el reclamo mayorazgos que el Departamento, como ente estatal, no tiene sobre EPM, ni técnica, ni financieramente.
La segunda inquietud es sobre el precio pagado a los vendedores, que al parecer es exorbitante para la mayoría de los analistas, menos para el comprador (no es su dinero el que arriesgan, claro) y los vendedores que deben andar felices porque se les “apareció la virgen”. Las acciones del proyecto se pagaron hace 10 años (1998) a 1.000 pesos cada una, y es posible que valieran actualmente 2.000 pesos, o máximo 4.500 pesos, plantea el editorialista de El Mundo, en 2008, y el Idea pagó 36.854 pesos por cada una.
Este elevado precio pagado por el Idea llevó a que las directivas de EPM solicitaran a la Contraloría General de Antioquia una investigación fiscal porque con la operación “se benefició indebidamente y en forma desproporcionada el patrimonio de un grupo de accionistas privados en detrimento del patrimonio público”. Esto con el agravante de que se aproximaba una capitalización obligada por parte de los socios. Además, con el agravante de que se aproximaba una capitalización obligada por parte de los socios, la participación de los minoritarios podría diluirse debido a la imposibilidad de capitalizar por parte de estos. Sin embargo, esta demanda no prosperó y se resolvió a favor de Ramos y a Vásquez. Es decir, ¿cuál era la prisa por comprar, si de todas maneras, la participación de estos socios minoritarios iba a disminuir?
Posteriormente la Gobernación impuso, desde la junta directiva, una subasta internacional de un contrato Construir, Operar, Mantener y Transferir (Boomt, por sus siglas en inglés) para ceder la concesión de la hidroeléctrica a una firma internacional o, en su defecto, a EPM siempre y cuando compitiera en pie de igualdad con las firmas multinacionales. Esta situación alarmó a toda la élite antioqueña. Sin embargo todos a una, como en Fuente Ovejuna, la élite regional se levantó como un solo hombre para que el departamento de Antioquia cediera el proyecto de concesión a EPM. Incluso el expresidente Uribe Vélez ayudó a cuajar el acuerdo. La estrategia le estaba funcionando a Ramos-Vásquez con la amenaza extranjera.
Finalmente en marzo de 2011 el Idea y el departamento de Antioquia firmaron el acuerdo con el concesionario que ni EPM había previsto en sus peores cálculos: adelantar 205 millones de dólares, 200 para Antioquia, con cargo al costo del proyecto. Y después de 50 años, terminada la concesión, Antioquia recibiría el 52 por ciento de las ganancias anuales, cercanas a 520 millones de dólares (calculados en 2011), es decir cuatro Fábricas de Licores de Antioquia. Una gran revolución en materia fiscal para financiar el desarrollo futuro de Antioquia y sus necesidades.
EPM recibió a cambio la concesión de la hidroeléctrica por 50 años, ocho de construcción y 42 de operación y unos excedentes considerables en donde EPM invertiría 3 mil millones de dólares y generaría el 20 por ciento de la energía del país. Igualmente, 156 municipios no solo de Antioquia, sino también de Valle, Risaralda, Cauca, Quindío y Caldas recibirían por regalías unos 40 mil millones anuales (a pesos de 2011).
EPM al fin obtuvo la concesión pero tuvo que pagar. ¿Cuánto le costó a EPM (y le está costando) esta jugada de Álvaro Vásquez, que mientras el editorialista de El Mundo lo llamaba “mente maquiavélica” y criticaba el negocio, el editorialista de El Colombiano lo llamaba “brillante”, al mismo tiempo que aplaudía la iniciativa?
Sin embargo EPM no tenía por qué haber entregado estos dineros para tener la concesión cuando tenía al comienzo la mayoría accionaria. Solo alguien que no sepa de sociedades y juntas directivas, o sepa demasiado, se baja de la mayoría accionaria para quedar en minoría y pagar 205 millones de dólares por la concesión de la obra.
Por otro lado, la gobernación de Antioquia no está tomando en serio la responsabilidad del desarrollo del departamento. No es de ahora este vacío de poder, lo está desplazando a la ciudad de Medellín y a sus habitantes que tienen que pagar altas tarifas de servicios públicos que crecen por encima de la tasa de inflación, altos impuestos prediales y, de paso, financiar las obras viales con impuestos de valorización. Mientras tanto en el resto del departamento prima la pereza fiscal con avalúos catastrales desactualizados, y sin derramar los impuestos por valorización para financiar parte de las obras de infraestructura.
Un regalo para las élites subregionales que esperan carreteras, túneles e infraestructura de los servicios públicos para la valorización de sus tierras a cero costo, una de las formas más retrógradas para agudizar la inequidad en distribución del ingreso.
Por ejemplo en el Túnel del Toyo, que beneficia a los grandes propietarios terratenientes de la zona de Urabá, al apropiarse de las plusvalías urbanas y rurales que genera la obra, valorizando esas tierras, Medellín puso a fondo perdido 520 mil millones de pesos (que son de los medellinenses) para un túnel localizado casi a una centena de kilómetros del centro de Medellín, como si fueran calles de la misma ciudad. Es decir, los medellinenses pagan impuestos a Medellín, al departamento y a la nación, y fuera de eso tienen que financiar una obra nacional y departamental con los dineros municipales.
La propuesta actual de que el departamento de Antioquia y el Idea se hagan socios de EPM tiene un serio inconveniente, y es convertir a EPM, una entidad comercial e industrial del Estado, en una sociedad por acciones, además dándoles eventualmente entrada a socios privados en EPM, no solo porque la Sociedad Hidroituango tiene unos socios minoritarios privados con 0,524995 % de las acciones, sino también a otros en un futuro cercano, dando comienzo a un proceso de privatización. Un caballo de Troya.
En igual sentido se ha pronunciado la SAI, un gremio convertido en centro de pensamiento, a favor del trueque, y asumiendo con oportunismo la coyuntura: “también esta sería una oportunidad muy buena para transformar a EPM de una sociedad industrial y comercial del estado a una sociedad por acciones, ya que precisamente vienen a entrar aquí la Gobernación, el Idea y otros muy minoritarios a participar con acciones. Ello se convertiría en una oportunidad muy importante para mejorar la gobernabilidad de EPM. En esta forma no dependería en tal alto grado de las decisiones del alcalde de Medellín; al existir una sociedad por acciones habría otras instancias y mayores oportunidades de mejora y crecimiento” (comunicado, sin fecha).
No habría que olvidar que esta fue la estrategia, sociedad por acciones, que se siguió en UNE-EPM con un resultado totalmente desastroso dándole el control a Millicom, una empresa sueca radicada en un paraíso fiscal, y que EPM ahora está a punto de vender las acciones restantes, desvalorizadas, porque quién estaría dispuesto a comprar esas acciones para someterse a la voluntad de Millicom, que hace ochas y panochas en la sociedad fusionada.
Entre otras, el autor de la fusión UNE-Millicom fue el gobernador Aníbal Gaviria, separado hoy de su cargo y reemplazado por un gobernador encargado, el mismo que también quiso en su momento privatizar la Fábrica de Licores de Antioquia, y que si lo hubiera logrado hubiera sumido al departamento en la pobreza fiscal.
Además, el departamento de Antioquia plantea al hacer el trueque de su participación en la sociedad Hidroituango por acciones en EPM, el derecho a dos cargos, uno para el departamento y otro para el Idea, en la junta directiva de EPM. Sin embargo, ni ellos mismos saben cuánto vale esa participación, ni tampoco EPM.
Finalmente, la respuesta de la Junta de EPM al Gobernador (e), a través de su gerente, es que no está interesada en el trueque sino en comprar, después de que llegara a un acuerdo sobre su valor. A su vez el gobernador ratificó que solo le interesa el trueque de acciones por acciones, después de una valoración por una banca de inversión, y que no le interesa venderle a EPM su participación, y que solo esperará una repuesta positiva de EPM hasta el 5 de agosto y que, en caso contrario, tomará la decisión de ir al tribunal de arbitramento para continuar con la demanda en contra de EPM.
En este sentido, el camino que le queda al departamento de Antioquia es continuar con los reclamos relacionados con el incumplimiento de EPM, pero tendría que probar que estos obedecieron a la negligencia de EPM y no a una contingencia ambiental inesperada.
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