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viernes, 31 de enero de 2014

Telecomunicaciones: los problemas del negocio Orbitel


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Creado en Lunes, 27 Enero 2014 03:14

La fusión entre UNE-EPM TelecomunicacionesMillicom, aprobada por el Concejo de Medellín, y que obliga a EPM a pagar casi $30 mil millones, pone en evidencia serios problemas en el manejo regional de las telecomunicaciones.

Antecedentes
En el año 2006 la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) aprobó la compra del 50 por ciento de la empresa, entonces en manos de socios privados, por un monto total de US$85 millones, previa valoración efectuada por la banca de inversión Inverlink, representada por Bruce Mac Master Rojas y Carolina Buendía Gutiérrez.
La junta directiva aprobó por unanimidad la compra del paquete accionario que se pagaría así: US$80 millones el día de la celebración del contrato de compraventa, y el saldo el día hábil siguiente en que Orbitel activara el enlace inalámbrico número 50.000.
La valoración de Inverlink se hizo ajustando el plan de negocios que Orbitel había elaborado una vez que en noviembre de 2005 el Ministerio de Comunicaciones le aprobó la licencia para usar el espectro radioeléctrico y prestar los servicios de telecomunicaciones que utilizan sistemas de distribución punto a punto y punto multipunto para acceder a la banda ancha inalámbrica.
El plan de negocios original, elaborado por Orbitel a finales del 2005, tenía el horizonte de siete años (2007-2013). Sin embargo, Inverlink, para realizar su valoración, consideró elevadas las metas anuales del plan y lo “ajustó” a sus cálculos, como se puede ver en el cuadro siguiente:  
Fuente: Contraloría General de Medellín.
De aquí se obtuvo el precio del paquete accionario en una cuantía de US$88 millones, el que finalmente fue aprobado en los US$85 millones el 5 de junio de 2006 por la junta directiva de la EPM (Acta 1457), nombrada y presidida por el alcalde Sergio Fajardo Valderrama, previa presentación de las bondades del proceso a cargo de Inverlink y del gerente general Juan Felipe Gaviria Gutiérrez también nombrado por Fajardo.
La sesión contó con la presencia del secretario de Hacienda, Horacio Vélez de Bedout, quien posteriormente pasaría a dirigir la Unidad de Negocios Estratégicos (UNE) de las EPM, y del director del Departamento Administrativo de Planeación, Federico Restrepo Posada. La junta directiva aprobó por unanimidad la compra del paquete accionario que se pagaría así: US$80 millones el día de la celebración del contrato de compraventa, y el saldo el día hábil siguiente en que Orbitel activara el enlace inalámbrico número 50.000.
Sin embargo, el contrato tendría otras arandelas que en nada protegían los recursos públicos de la empresa antioqueña.
Acordado así, el 15 de junio de 2006 se celebró el contrato de compraventa de 26.500.000 acciones de EPM a un costo total de US$85 millones a razón de US$3,20754717 por acción. Se estableció que se cancelarían 80 millones el mismo día de suscrito el contrato, mientras que el saldo se haría en efectivo, a la tasa de cambio representativa del mercado del día anterior del primer pago, incrementada desde la fecha en que se efectuó el pago en un porcentaje equivalente al promedio diario de la DTF vigente entre la fecha de pago del primer contado y la fecha de pago del saldo, más 3 puntos porcentuales (DTF + 3,0 por ciento) efectivo anual y proporcionalmente por fracciones.
El contrato de compraventa
El pago de la suma restante quedó supeditado al cumplimiento de las siguientes condiciones, la mayoría de las cuales no quedaron en el Acta 1457:
1. Al siguiente día hábil a aquel en que Orbitel activara el enlace número 50.000.
2. Cuando se diera un proceso de intervención, posesión o liquidación.
3. Ante cualquier cambio en el control de Orbitel a personas ajenas al Grupo Empresarial EPM.
4. Ante la cesión o transferencia de la licencia de Orbitel de WIMAX a terceros no vinculados al Grupo EPM.
5. Si Orbitel o el Grupo EPM, por cualquier razón, retirara los enlaces WIMAX de su gama de productos ofrecidos.
El negocio WIMAX
Desde el momento de celebrarse el contrato, la Contraloría General de Medellín llamó la atención a la Administración sobre la incertidumbre del negocio, dada la falta en el mercado de productos homologados inalámbricos de banda ancha y la falta de experiencias exitosas con la tecnología WIMAX.
Las explicaciones no satisfactorias dadas al organismo de control y los resultados de una valoración independiente condujeron a que se abriera un proceso de responsabilidad fiscal contra Sergio Fajardo, Juan Felipe Gaviria, Inverlink, Colseguros y demás miembros de la junta directiva, en una cuantía de $108.683.000.000,00.
Una vez la Contraloría de Medellín abrió el proceso de responsabilidad fiscal (PRF No. 002 de 2007), tanto el gerente general, Juan Felipe Gaviria, como el alcalde, Sergio Fajardo, solicitaron a la Contraloría General de la República, a cargo de Julio Cesar Turbay, desplazar la competencia del organismo fiscalizador de Medellín para seguir  conociendo del PRF, bajo la figura del control prevalente.
Desde el momento de celebrarse el contrato, la Contraloría General de Medellín llamó la atención a la Administración sobre la incertidumbre del negocio, dada la falta en el mercado de productos homologados inalámbricos de banda ancha y la falta de experiencias exitosas con la tecnología WIMAX.
El ejercicio del control prevalente o excepcional por parte de la Contraloría es una atribución no obligatoria que solo puede usarse cuando existan pruebas claras de la falta de gestión o de imparcialidad de una Contraloría regional o local en un determinado caso. Este fue el argumento presentado por Gaviria y Fajardo para que Turbay asumiera el conocimiento del PRF.
El 9 de marzo de 2009 la contralora delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva encargada de la dirección y gestión del PRF No. 002 de 2007, Tatiana González Torres, sin evaluar el contrato de contraventa ni el cumplimiento del plan de negocios, decidió dictar el auto de archivo No. 124, cesando así la acción fiscal y archivando el PRF. Dicha decisión fue confirmada, en grado de consulta, por el contralor general Julio Cesar Turbay el 8 de junio de 2009.
El plan de negocios que no se cumplió
Desde el primer momento el plan de negocios (2007-2013) tuvo reparos por parte de la Contraloría General de Medellín por las expectativas planteadas, por la falta de experiencias exitosas y por la falta de equipos para la tecnología WIMAX.
Y aunque el plan original tuvo un leve ajuste efectuado por Inverlink, que fuera la base para la valoración y que una vez se diera la absorción de nuevo fuera ajustado, ninguna de las metas propuesta fue cumplida.
Por ello, la Contraloría General de Medellín siguió realizando evaluaciones periódicas al cumplimiento del plan de negocios y halló los siguientes resultados:
Clientes Tecnología WIMAX del Plan de Negocios a diciembre
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
35.026
45.215
24.479
25.099
18.637
10.318
7.899
 Fuente: Contraloría General de Medellín.
 * A junio de 2013
En diciembre de 2012, dadas la obsolescencia de la tecnología y  la falta de equipos, UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. tomó la decisión de suspender la instalación, promoción y venta de servicios WIMAX en todo el país. Sin embargo, el pasado 10 de abril, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) le renovó la licencia para seguir prestando el servicio hasta el 4 de noviembre de 2015. El valor pagado por la licencia fue de $743.141.000,00.
Por otra parte, el año pasado el Concejo de Medellín le aprobó (Acuerdo No. 17 de 2013) la iniciativa presentada por la Administración del alcalde Aníbal Gaviria, para autorizar la transformación de la naturaleza jurídica y modificar la composición accionaria de UNE- EPM Telecomunicaciones S.A., incluida la cesión a terceros de la administración, gestión y operación de sus negocios.
El objetivo trazado por la Administración de Gaviria y del fajardismo, toda vez que la empresa ha sido manejada por ese grupo, es la de concretar la fusión de UNE con la multinacional Millicom.
Para dar a feliz término la meta de la fusión, el pasado mes de noviembre de manera sorpresiva, la Empresa de Teléfono de Bogotá (ETB) uno de los socios fundadores de Colombia Móvil (Tigo) vendió a UNE-EPM la participación que mantenía del 25 por ciento por un monto de US$240 millones (cabe indicar que dicha decisión fue tomada de manera autónoma por la empresa y no se dio autorización alguna del Concejo de la ciudad ni se dieron a conocer estudios técnicos y económicos de conveniencia).

Entre los deberes de todo funcionario público está el de ejercer sus funciones consultando de manera permanente los intereses generales del bien común y velar porque los recursos económicos puestos a su disposición se utilicen de la manera debida y racional. Sin embargo, parecería que el entonces alcalde Sergio Fajardo y todos los que aprobaron el negocio de la compra del paquete accionario no hubiesen tenido clara esta obligación.

La conclusión
El 5 de junio de 2006, cuando se autorizó la compra, el alcalde Fajardo no solo señaló que el precio a pagar era razonable, sino que la operación aprobada fortalecería a UNE.
La actuación del exalcalde y demás miembros sería objeto de investigación y sanción de la Procuraduría General de la Nación, puesto que se han visto sanciones ejemplarizantes por faltas menos graves. No obstante, no se ha querido abordar el tema debido a una supuesta prescripción de los hechos.
Finalmente, es de resaltar que como producto de la constante intervención de la Red de Veedurías de Colombia, la Contraloría General de Medellín adelantó una auditoría especial a UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. y al producto WIMAX en la vigencia 2007-2012.
La auditoría llamó la atención de la Administración ante el inminente pago del saldo  de $30 mil millones, y ante la falta de estudios de viabilidad técnica y económica para solicitar del MINTIC la renovación de la licencia para seguir prestando los servicios bajo la tecnología WIMAX. El informe también dio pie a una función de advertencia el 4 de septiembre de 2013 dirigida al presidente de UNE y al Concejo de Medellín, pero hasta el día de hoy, ninguno de los dos destinatarios se ha pronunciado.
El objetivo trazado por la Administración de Gaviria y del fajardismo, toda vez que la empresa ha sido manejada por ese grupo, es la de concretar la fusión de UNE con la multinacional Millicom.
Asimismo, todavía están por conocerse las razones para que la junta directiva y el presidente de la ETB, Saul Kattan Cohen, se hubiesen desprendido de su participación en Tigo, un negocio de punta como es la telefonía móvil celular del que ningún operador de telefonía fija puede prescindir.

* Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia, ingeniero industrial con estudios de posgrado en Gestión y Auditorías Ambientales. 

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