BOLETÍN DE PRENSA

UNIGEEP Y EL MOVIMIENTO CÍVICO, PRESENTARAN ESTA SEMANA, QUE COMIENZA, DENUNCIA PENAL ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRA EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Ante la Fiscalía General de la Nación, radicaremos una denuncia penal contra el Doctor PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO, Superintendente de Industria y Comercio, por  extralimitación en el ejercicio de sus funciones, violación al Debido Proceso, Prevaricato y Falsedad Ideológica en Documento Público.

En efecto, al señor Superintendente de Industria y Comercio le solicitamos en varias oportunidades, abstenerse de darle trámite a la documentación enviada por Directivos de EPM y UNE, en la que pedían la Integración Empresarial de UNE-COLOMBIA MOVIL, por considerar que esa entidad no es competente para hacerlo, habida cuenta que el Acuerdo 17 de 2013, que es el acto administrativo que soporta tal expediente, trata de una materia muy distinta a la figura requerida.

El Acuerdo 17 de 2013, en ninguna parte del articulado habla de integración. Todo lo contrario, lo que determinó fue: “Se tendrán en cuenta los siguientes criterios, para la sociedad transformada como consecuencia de la aplicación del presente Acuerdo:

a)       “Será una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín”

El Acuerdo 17 de 2013 crea la sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín. No existe ninguna autorización para la integración con COLOMBIA MOVIL. Lo que se convierte en un invento de los Directivos de EPM y UNE, por el que ya vienen siendo investigados en la Fiscalía, de los apoderados de ambas compañías y del Señor Superintendente de Industria y Comercio.

El acto administrativo es claro e impartió una orden perentoria y concluyente: “será una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín”. Hacer una cosa distinta es subvertir el orden jurídico del país, lo cual  constituye un delito que debe ser castigado rígidamente por la Fiscalía.

Se hace necesario expresar y resaltar que por hechos y acciones menores muchos funcionarios públicos han sido destituidos y sancionados ejemplarmente, como mínimo, mientras que otros están contando sus historias en ciertas cárceles de nuestro país.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA                                             COMITÉ CÍVICO POR MEDELLÍN  Y EL ÁREA 

UNIGEEP                                                                METROPOLITANA