Quisiéramos
haber estado equivocados en los análisis y denuncias que hemos venido haciendo,
desde hace más de dos años, sobre las tendencias y políticas criminales de las
administraciones que pasan hoy por nuestros entes. El culturicidio a que se está
sometiendo a la base de trabajadores del Grupo Empresarial EPM, no tiene otro
fin que acabar con las buenas costumbres que fundamentaron el posicionamiento
de nuestra entidad. Todo el que muestre su compromiso con el patrimonio público
será objetivo y blanco fácil de los asesinos de la inversión social del estado.
El
inepto Gerente General y la pusilánime Vicepresidente de Gestión Humana y
Organizacional, y sus cómplices, todos transgresores de la constitución y la
ley, igualando a otros grupos perseguidos por el estado, no podrán negar su
responsabilidad directa en el crimen cometido contra los compañeros despedidos,
y que pasan ya de setenta, para que hablemos de cifras concisas. Esto, curiosamente,
mientras la planta de directivos creció burocráticamente en más de ochenta
puestos, con restructuraciones y nombramientos sin el lleno de los requisitos
exigidos, como bien lo saben, gracias a su Actitud y Aptitud, los
ejemplares funcionarios Ana María Restrepo Botero y Juan Esteban Calle
Restrepo. Lamentablemente los órganos de control, todos permeados por la
corrupción politiquera, quieren hacerle un quite a las investigaciones,
recurriendo al encubridor silencio. Por fortuna la injusticia no podrá durar
por siempre, el caso de María del Pilar Hurtado Afanador no nos deja mentir:
¡Caen porque caen!
El
despido masivo de más de setenta compañeros no puede ser el motivo para
llamados demagógicos a la unidad, cuando se han tenido todas las oportunidades
para hacer un trabajo digno alrededor de nuestras empresas. La alteridad no
puede ser utilizada para que la desdicha del otro nos sirva en propósitos mezquinos,
tras el manto falaz de la buena fe. No podemos estar imitando al aparato
estatal que sólo busca soluciones cuando aparecen las tragedias; porque
entonces a punta de golpes similares desaparecerán toda la masa laboral de Las
Empresas Públicas de Medellín. Mientras quienes han cohonestado, abiertamente,
con las políticas de miseria administrativa salen cada tanto a hacer bulla para
ocultar sus nexos evidentemente declarados con los enemigos de los
trabajadores.
UNIGEEP,
más allá del acompañamiento solidario y obligatorio que debe hacer a todos los
trabajadores afectados con la delincuencial medida de despidos, hará valer el
fuero circunstancial de que gozan nuestros afiliados, debido a que el conflicto
colectivo, desatado por nuestro Pliego de Peticiones está vigente. El hecho de
que la voluntad sediciosa de una administración facinerosa no lo haya resuelto,
no le da el margen para que burle lo definido por la norma. Así las costumbres del Gerente
General y su combo estén encaminadas a falsear la constitución y la ley, como
estamos cansados de probarlo, nuestra lucha jurídica seguirá hasta conseguir nuestro
objetivo: salvar a nuestros compañeros.
El
poder para comprar con la pauta publicitaria a quienes han hecho del periodismo
un escudo de la podredumbre privada y estatal, convirtiendo a la prensa en un
centro de costo de los facinerosos, tarde que temprano se derrumbará. Las
múltiples denuncias por corrupción en el Grupo Empresarial EPM servirán para
sentenciar a sus culpables. La historia es implacable en sus recuentos. El acto
ruin contra nuestros compañeros despedidos tendrá que esclarecerse más antes de
lo previsto, y el Sicariato Laboral en
Las Empresas Públicas de Medellín desaparecerá cuando los trabajadores sean
conscientes que la defensa de los puestos de trabajo está en sus manos y no en
las de sus enemigos.
Junta Directiva
UNIGEEP
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