Posiciones frente al Proyecto de Ley 030 de 2014, que cursa en el Senado de la Republica

En dirección al atentado que se pretende  contra  nuestras entidades estatales, entre ellas la más preciada EPM, hacemos público el  escrito  de  nuestro  compañero  Pacho  Valderrama, agregando que el artífice  intelectual  de  tal  despropósito es  el  Señor  Carlos  Alberto Atehortua Ríos, ex contralor de Medellín.

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Posiciones frente al Proyecto de Ley 030 de 2014, que cursa en el Senado de la Republica

Por Francisco Luis Valderrama Aguilar

En la Comisión Sexta de Senado se estudia actualmente el Proyecto de Ley 030 de 2014, presentado por el ex-senador Eugenio Prieto y que intenta modificar el objeto social de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Este proyecto de ley jamás fue socializado con la ciudadanía, organizaciones sindicales y sociales. Tampoco con Concejos Municipales, ni sus Juntas Directivas de las empresas, antes de presentarse a aprobación en Cámara y hoy en Senado.

Como ciudadano me permito expresar estas inquietudes:

1.       Un objeto social indeterminado, donde quepa cualquier objeto, constituye una aventura irresponsable, aun para el sector privado.

2.       Ampliar el objeto social ad infinitum busca simplemente evadir el control político y social. ¿Cuál sería el sentido de tener una entidad pública, si sus administradores podrían incursionar  en cualquier negocio, sin límites ni controles de ninguna naturaleza?

3.       Semejante despropósito significa debilitar a las empresas de servicios públicos ubicándolas  en terrenos empresariales que no conocen.

4.       Las utilidades en empresas de servicios públicos son una CONSECUENCIA, no un objetivo per se, por cuanto su lógica empresarial está orientada a la calidad de vida y al rendimiento social. Un objeto social indeterminado las ubica, en el mejor de los casos, en la lógica privada, pero fácilmente las van a convertir en las cajas menores de aventureros de ocasión para financiar sus campañas políticas.

5.       Si se hace necesario precisar que lo que se autoriza es la posibilidad de incursionar en NEGOCIOS LÍCITOS, significa que hay clara conciencia de que fácilmente podrían extraviar su alcance y objetivos.

6.       Un objeto social indeterminado tiene en su propio seno el germen de la destrucción del sector público, justamente porque nadie podría entonces controlar sus objetivos empresariales.

7.       Estamos ante un intento evidente de sustraer a las empresas de servicios públicos de las leyes de servicios públicos domiciliarios que las rigen: Surge al romper una pregunta evidente ¿Cuál sería entonces el régimen jurídico de una supuesta empresa de Servicios Públicos, cuyo objeto social indeterminado la ubicaría en ámbitos de otras normas, leyes? No hay que desgastarse mucho para darse cuenta del caos empresarial y jurídico que tal cosa entraña.

En resumen, nos preguntamos los ciudadanos:

¿Pueden ser socialmente responsables y éticamente pagables (y cobrables) unas tarifas de servicios públicos que tendrían que sostener negocios alejados de la responsabilidad social principal de una entidad diseñada para objetivos diferentes? 

¿Puede generar credibilidad institucional, desarrollo sostenible, solidaridad, calidad de vida y merecer confianza de la comunidad una entidad pública que se dedique a CUALQUIER NEGOCIO sin tener en cuenta el sentir de la comunidad, de los dueños, de los ciudadanos?

Es una verdadera vergüenza tener que precisar que se autoriza la incursión en negocios lícitos, como si ese no fuera el ámbito ético y el piso único y necesario que debe soportar una actividad estatal e incluso privada. De entrada, semejante despropósito desnuda en toda su pobre dimensión el verdadero alcance del proyecto: Entregar lo poco que queda del sector público a la voracidad privada.

Permítanme concluir que si el propósito fuera ALEJAR a las entidades públicas de su base social, no podría haber mejor solución que la que propone el proyecto. Lo que finalmente van a conseguir, de aprobar semejante disparate, es VACIAR COMPLETAMENTE de su alcance y contenido social, a las entidades de servicios públicos.   

  

Francisco Luis Valderrama Aguilar

C.C 8.305.650

   
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