MOVIMIENTO
CÍVICO
DE MEDELLÍN
Y
EL ÁREA METROPOLITANA
LA
DECLARATORIA DE UNA EMERGENCIA JUDICIAL
Por:
GONZALO ÀLVAREZ HENAO
Los
escandalosos hechos de corrupción en el Sistema de Salud, Reficar, el Congreso de la República, el Metro de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Empresas Públicas de Medellín, Transmilenio y el Ministerio del Transporte, este último
puesto al descubierto con el paro camionero, para sólo señalar los más
recientes, justifican la iniciativa que proponemos a los colombianos y la
solicitud al gobierno, para declarar una emergencia judicial. El cáncer de la
corrupción ha invadido todo el cuerpo de la nación colombiana y amenaza con
terminar de destruirla.
La
impunidad y la falta de una pronta y cumplida justicia, estimula a los
funcionarios públicos y a los particulares a robarse el dinero del estado y a
estafar a los colombianos, como ha ocurrido con los denominados carteles del
azúcar y el papel higiénico, entre otros. Los “servidores públicos”
involucrados en actos de corrupción, tienen la certeza que después de dejar el
cargo, que están ocupando, se pueden ir tranquilos a gastarse el dinero que le
han robado a los colombianos, porque el brazo siempre corto de la justicia no
los alcanza.
Otro
tanto sucede con los particulares vinculados a sobornos o al robo directo a los
colombianos, por medio del siniestro mecanismo de asociarse o conformarse como
carteles para aumentar los precios de los productos, por encima del valor real,
o estafar a los ciudadanos como el caso de Interbolsa, pues reciben una multa o
casa por cárcel, puesto que en muchos de los casos cuentan con la complicidad
de altos funcionarios del gobierno y de algunos jueces venales.
La
declaratoria de la emergencia judicial que estamos proponiendo, tendría varios
propósitos: primero, dictar normas que impidan que los delitos asociados con
los actos de corrupción que se están investigando o los que se van a investigar
prescriban. Segundo, evitar a toda costa, que los funcionarios públicos y los
particulares detenidos por estos hechos, queden en libertad por vencimiento de
términos; y tercero, proponer que los actos de corrupción que se han cometido
en el sector de la salud, debido a su gravedad y sus consecuencias, no tengan
el mismo tratamiento judicial que los actos de corrupción cometidos en las
Alcaldías, Gobernaciones, o en el Gobierno central. En el sector de la salud,
no solo los corruptos se robaron el dinero de los colombianos, sino que los
delitos aquí cometidos, han causado mucho dolor; gran sufrimiento y la
lamentable muerte de muchos niños, ancianos y personas carentes de recursos
para proporcionarse un tratamiento médico por fuera de las EPS.
Como
no solo se han estado robando la plata de la salud, sino que de por medio se
han perdido muchas vidas, los delitos aquí cometidos deberían ser tipificados por
la Fiscalía General de la Nación, como delitos de lesa humanidad, para que no
prescriban y para que los responsables paguen por los crímenes cometidos contra
el pueblo.
El
fenómeno de la corrupción no lo podemos reducir al simple hecho de que en
Colombia tengamos unos funcionarios públicos y unos particulares
inescrupulosos, movidos por el afán del enriquecimiento fácil. El asunto es
mucho más profundo. La corrupción está asociada al modelo de gobierno
imperante. En la historia de la corrupción, que no es propia de Colombia,
existen evidencias de que este fenómeno maligno crece y se fortalece en los
regímenes dictatoriales o con un asentado presidencialismo.
Nunca
en nuestra historia se habían presentado hechos de corrupción tan bochornosos,
tan vergonzosos, tan descomunales y tan generalizados. Los casos del Grupo
Nule, el cartel de las EPS, Reficar, Ministerio del transporte y gremio de
camioneros, Metro de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Empresas
Públicas de Medellín, dejan al descubierto la falacia de los ideólogos de la
privatización, que quisieron venderle al país la idea de que el estado no
debería participar de lleno en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, en las telecomunicaciones, en la educación, en la salud y en la
construcción de obras públicas, porque tanto la prestación de estos servicios
como la construcción de la infraestructura vial, serían atendidos con mayor
eficiencia y honestidad por el sector privado. Puro cuento, lo que han hecho
los “dirigentes” del sector privado es enriquecerse con los dineros de todos
los colombianos.
El
destape de la corrupción, pone de presente y confirma la tesis que hemos
expresado muchas veces, que por un funcionario corrupto, existe un corruptor en
el sector privado. Esto quiere decir que muchas de las personas vinculadas con
el sector privado, ni son tan eficientes, ni son tan honestas, como falazmente
se ha pretendido demostrar.
Digamos
para terminar que no estamos en
presencia de un escándalo de poca monta, sino que se trata de una corrupción
generalizada, que no solo afecta los dineros públicos, sino que ha representado
muertes, por falta de asistencia médica, por física hambre y por inundaciones
en las vías, caso la carretera al Chocó.
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1 comentario:
Gonzalo Alvarez Henao: Gracias por denunciar a estos delincuentes de cuello blanco que le hacen mas daño al país que todas las delincuencias juntas. Gracias por quitarnos esa gran talanquera de nuestros ojos; la clase política es la peor desgracia de esta amada Colombia.
Hoy existe un desangre mayor a Reficar, Salucoop, Isagen y demás robos: La plata que todos nosotros los Colombianos hemos recogido con los tales CARGOS DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL, pues se calcula en 20 Billones de pesos embolatados, y el gobierno se hace el de la vista gorda y usa la frase INVESTIGAR HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS, cuando en realidad lo que hacen es ocultar y dejar pasar el tiempo, pues saben que tenemos menos memoría que los pajaritos!
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