De
todos en el país es conocido lo que ha pasado en Reficar, que ahora narra, de
manera excepcional, nuestro gran amigo Libardo Espitia Rodríguez, en uno de sus
artículos de Razonpublica.com. En Antioquia, donde se asienta la corrupción más
execrable y más grande de Colombia, no podemos dejar que siga prosperando la
impunidad. Los nombramientos de los ladrones de cuello blanco en las entidades
estatales, para que obedezcan las órdenes de la podrida clase política que los
elige y del criminal grupo GEA, para acabar con nuestros recursos naturales y
patrimonios públicos, no van a seguir siendo la constante.
Empresas
Públicas de Medellín, guarida de pésimas administraciones y de la corruptela
más cínica de Colombia, se ha convertido en la campeona nacional del entierro
de grandes cantidades de dineros públicos, pues en cuestión de solo 13 años se
han robado más de 30 billones de pesos. Los casos de Orbitel, Las Cableras, UNE
EPM Telecomunicaciones S.A., Edatel, ETP, Antofagasta, Ticsa, Isagen, inversiones
en Paraísos Fiscales y ahora Hidroituango, entre muchas otras como
nombramientos ilegales, se han convertido en un compendio claro de la
cleptocracia regional que sobrepasa a todos los demás departamentos del
territorio nacional. Es de reconocer, y en esto no admitimos discusión alguna, que
en ciertos casos, para tapar otros, si han sido muy eficientes en la bulla y el
despliegue noticioso. De ahí nuestro ingente llamado para QUÉ EN ANTIOQUIA NO VAYA A PASAR LO MISMO.
“El fuero para el gran ladrón, la
cárcel para el que roba un pan”
Pablo Neruda
JUNTA DIRECTIVA
UNIGEEP
A continuación nuestro gran amigo el Doctor Libardo Espitia Rodríguez:
Reficar: el desfalco donde triunfó la impunidad
Libardo Espitia*
La Contraloría imputó a varios implicados en el caso de la
Refinería de Cartagena, pero archivó la investigación de otro grupo de altos
funcionarios.
Los orígenes del desfalco
Según
el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez,
“Reficar es el caso de corrupción más grave en los 200 años de historia":
la refinería tuvo un costo de 8.016 millones de dólares, más del doble de
los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.
El
descalabro de Reficar es producto de las transformaciones de Ecopetrol que
fueron ordenadas por los dos gobiernos de Álvaro Uribe a partir del Decreto ley 1760 de 2003:
- En 2003 se le quitaron a esta empresa las
funciones de administrar las reservas de hidrocarburos, se creó la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se volvió al contrato de concesión en
lugar del de asociación.
- Ecopetrol pasó de ser una empresa industrial y
comercial del Estado a una sociedad por acciones regida por el derecho
privado. Se autorizó la venta del 20 por ciento de sus acciones.
- Se puso a Ecopetrol a competir con los agentes
privados de la industria de los hidrocarburos.
- Se estableció que sus máximos órganos de
dirección y administración serían en adelante la Asamblea General de
Accionistas y la junta directiva conformada por siete miembros, tres
nombrados con sus suplentes por el presidente de la República y cuatro por
la Asamblea General de Accionistas junto con sus suplentes.
- Se promovió la escisión de la Refinería de
Cartagena y la creación de Reficar S.A.
- Se privatizó el 51 por ciento de Reficar y se
le vendió a la multinacional Glencore, una sociedad sin ninguna
experiencia en modernización de refinerías.
El Documento Conpes 3281 de 2004 hizo
posibles las varias privatizaciones que adelantaron los gobiernos de
Uribe y de Santos, pues limitó la capacidad de intervención del Estado en
empresas públicas y privadas.
El
Plan Maestro de Desarrollo (PMD) de Reficar fue incluido en el Plan Nacional de
Desarrollo 2002–2006 recalcando que se haría con participación privada y con la
enajenación de inversiones no estratégicas de Ecopetrol. El PMD se ratificó en
el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010.
El Documento Conpes 3312 de 2004 declaró
la importancia nacional del PMD dada su magnitud. Por ello, bajo el primer
mandato de Uribe, se ordenó a Ecopetrol la búsqueda de entidades privadas aptas
para realizar la ingeniería de detalle y construir la expansión de la
Refinería, con un valor máximo calculado en 736 millones de dólares más el 10
por ciento.
El
proceso se haría mediante un contrato “llave en mano” para evitar sobrecostos
en la etapa de construcción, para ello conformó un Comité interinstitucional
integrado por el Ministerio de Hacienda (MHCP), el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la misma Ecopetrol
que recomendaría la mejor estructura del proceso de consecución del
inversionista ya fuera por medio de la escisión, enajenación o arrendamiento de
los activos de la Refinería y último analizar la posibilidad de que fuera
Ecopetrol el operador del PMD, una opción que en ningún momento se tuvo en
cuenta a pesar que se tenían los recursos en el Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera (FAEP).
Así, Andean Chemical –propiedad de Ecopetrol– se quedó con
el 50,99 por ciento de las acciones de Reficar y Ecopetrol S.A. se quedó con el
49 por ciento restante.
A
mediados de 2006 se dio la puja entre Petrobras y Glencore, una multinacional
suiza que, pese a no tener experiencia en proyectos de refinerías, logró
quedarse con el 51 por ciento de las acciones de la Refinería de Cartagena.
Posteriormente se asoció con Ecopetrol y crearon Reficar.
El
27 de diciembre del mismo año el Congreso expidió la Ley 1118. Ésta autorizó
la emisión de acciones en el mercado para que fueran adquiridas por personas
naturales o jurídicas. Siguiendo esta disposición normativa, Ecopetrol se
transformó en una sociedad de economía mixta de carácter comercial vinculada al
Ministerio de Minas y Energía.
En
el año 2007, en medio del desarrollo de las obras de construcción de la nueva
refinería, Glencore cerró un trato entre Reficar y Chicago, Bridge & Iron
(CB&I), firma holandesa con sede en Texas. El plazo para terminar las obras
se calculó para diciembre de 2012, con un contrato bajo la modalidad de costos
fijos.
En
2009, ante la crisis internacional, Glencore abandonó el proyecto. Además de no
imponerle ninguna sanción, Ecopetrol recompró sus acciones por un valor de 549
millones de dólares.
Así,
Andean Chemical –propiedad de Ecopetrol– se quedó con el 50,99 por ciento de
las acciones de Reficar y Ecopetrol S.A. se quedó con el 49 por ciento
restante. Desde entonces, únicamente esta empresa adelantaría el proyecto con
los costos de la recompra.
Pese
a que el contrato tenía una garantía de 75 millones de dólares y una pena
diaria de 166.000 dólares por incumplimiento de obligaciones contractuales, la
supervisión del PDM fue contratada hasta el 1 de septiembre de 2009.
Como
si fuera poco, el 15 de junio de 2010, Reficar decidió cambiar la modalidad de
contratación por una de costos reembolsables, la cual permitiría extender sin
límite los gastos de inversión. A la postre, éste sería el mayor dolor de
cabeza del PMD.
El proceso de responsabilidad fiscal
El
13 de marzo de 2017 la Contraloría General informó de la apertura de un proceso
de responsabilidad por el daño patrimonial que se presentó en la ejecución del
PDM, decisión que afectaba a cinco ex funcionarios y trece miembros de junta
directiva de Reficar, dieciocho miembros de junta directiva de Ecopetrol y seis
contratistas.
Fuente: Contraloría General de la República
Como
se aprecia en la tabla, en ese proceso no fueron incluidos todos los miembros
de la Junta Directiva de Ecopetrol ni del Comité Interinstitucional que
escindieron la Refinería de Cartagena, le adjudicaron a Glencore y ante el posterior
abandono el PDM no le impusieron sanción alguna. Tampoco figuran las
firmas que ejercieron la revisoría fiscal en las 2 empresas. Para completar, el
5 de junio del año en curso se emitió el Auto No. 773, el cual exoneró de
responsabilidad fiscal a los funcionarios que hacen parte del actual gobierno.
Llama
la atención que los ministros de Hacienda y Minas y los directores del DNP,
quienes recomendaron a Glencore como inversionista para el PDM y abogaron
porque Ecopetrol se separara de la Refinería, no figuran en los procesos
judiciales abiertos entre 2017 y 2018. Mención especial merece Mauricio
Cárdenas Santamaría, quien fue exonerado por el Contralor General pese a ser
parte de la Junta Directiva de Ecopetrol desde 2008, ministro de Minas y Energía
entre 2011 y 2012 y ministro de Hacienda y Crédito Público desde 2012.
Los estatutos de Reficar
En
el 2006 se constituyó la Refinería de Cartagena como una sociedad anónima cuyos
máximos órganos de dirección son la Asamblea General de Accionistas y la Junta
Directiva. Glencore la controló hasta que abandonó el proyecto en 2009.
Para completar, el 5 de junio del año en curso se emitió
el Auto No. 773, el cual exoneró de responsabilidad fiscal a los funcionarios
que hacen parte del actual gobierno.
En
2010, cuando Reficar cambió la modalidad de contratación de costos fijos a
costos reembolsables, estaba bajo el control de Ecopetrol y su Junta Directiva
integrada por el entonces director del DNP Esteban Piedrahita y los entonces
ministros de Minas y de Hacienda Hernán Martínez Torres y Oscar Iván Zuluaga.
Ninguno de ellos figura en el PRF de la Contraloría.
Es
evidente que, aunque tenía la facultad de hacerlo, la Junta Directiva de
Ecopetrol prefirió no tomar medidas correctivas.
Finalmente,
es sumamente preocupante que en la última versión de los estatutos sociales de
Reficar aprobados el pasado 21 de marzo por la Asamblea General de Accionistas,
hay varios artículos dedicados a la emisión y colocación de acciones, lo que
sugiere que las directivas aspiran a terminar la tarea iniciada por Alberto
Carrasquilla en el primer mandato de Uribe es decir, a privatizar completamente
la Refinería y el restante 10 por ciento de las acciones de Ecopetrol
autorizado por la ley 1118 de 2006 de autoría del Ministerio de Hacienda.
No
sobra preguntarle al Gobierno Nacional y a la Junta Directiva de Ecopetrol que
no sancionó a Glencore por el abandono en el 2009 del PDM, su posición ahora
que la multinacional suiza demandó a Colombia ante el Centro Internacional de
Arreglos de Diferencias Relativas por Inversiones-CIADI por la suma de 765
millones de dólares.
*Profesional
con estudios en electricidad y electrónica, especialista en Servicios Públicos
Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus
servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector
privado en auditorías, consultorías e investigaciones.
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