Por
la forma como hemos observado y precisado insistentemente, la Superintendencia
de Industria y Comercio actuó pronunciándose más en contra de lo pretendido por
algunos enemigos de las comunicaciones públicas, domiciliados en nuestra
región, que en su favor, no obstante haber aprobado algo abiertamente ilegal.
Realmente no sabemos de dónde pudo haber determinado, el Superintendente, que
se fundamentaba en el acuerdo 17, cuando precisamente lo votado fue una figura
totalmente distinta a la desarrollada por este órgano estatal.
Lo
que se aprobó en la resolución 24527, de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ha contravenido las simetrías que supuestamente buscaba la ley de TIC,
cuando se sancionó, pues no tuvo en cuenta algunas medidas que propiciaban un
ambiente más positivo para los participantes en el mercado de las
Telecomunicaciones del país. Parece ser que las presiones que tiene la Superintendencia
de Industria y Comercio, quieren sesgar su beneficio en nombre de otros agentes
privados diferentes a los que quieren sacar su tajada del negociado de la
direccionada y delictiva fusión UNE-Millicom.
No
es de extrañar el que hayan manifiestas y tangibles unas posiciones que ponen a
chocar a unos privatizadores contra sus competidores, porque mientras existen
quienes quieren ganarse una comisión más grande por su lado, por el otro se
notan los que ven menguadas sus aspiraciones y sus proyecciones económicas al
ver las jugosas sumas de dinero que pueden perder. La rapiña por despojarnos de
lo público nos tiene que dejar claro que el dinero no define amigos sino
conveniencias. Ahora podemos estar entendiendo el porqué de llamados como:
“Hermano, no me vaya a dañar el negocio”.
Por
otro lado, se vuelven muy entendibles las posiciones que se pudieron haber
notado dentro de la resolución para hacerle ver al Superintendente de Industria
y Comercio, que si aprobaba el esperpento que resolvió se vería abocado a unas
investigaciones de fondo bien complicadas, no sólo las exigidas por el
Movimiento Cívico de Medellín y las de UNIGEEP, cuyo interés es la defensa del
patrimonio de UNE y EPM, sino, además, las de todos los que quieren hacer su
agosto con el negocio de lo público. Las representaciones inescrupulosas que
ponen los privatizadores en los órganos estatales, muchas veces encuentran sus
rivalidades en quienes le juegan a un vecino más poderoso y con mayores
aliados.
Para
UNIGEEP, es claro que la batalla por salvar a UNE EPM Telecomunicaciones y a
sus trabajadores con todos sus derechos, será una lucha de largo aliento que
tendrá que comprometer mucho a unos y a otros, si queremos que nuestra
pretendida propuesta de la empresa de comunicaciones más promisoria de américa
latina se consolide en el tiempo. La oportunidad que se nos está brindando con
una resolución que deja Más confusiones
que claridades no puede ser mejor. Algunos mercantilistas de lo público ya
están viendo enredadas las cuentas alegres que estaban haciendo.
Junta Directiva
UNIGEEP
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