Así
se siga avanzando a pasos, aparentemente agigantados, en lo que se tiene
definido como una posible fusión con Millicom, las cosas cada día se notan más
embolatadas, no en las decisiones que violentan toda normatividad jurídica y
constitucional, sino en las formas desarrolladas para obtener los fines
fraudulentos que todos los días notamos y que se hacen más evidentes. Se
arranca en una dirección, y sin persistir en esta, se cambia al poco tiempo,
sin importar la cantidad de gastos de publicidad en que se incurren, pues los
dueños de la prensa están felices con los ingresos recibidos.
Hace
poco se tenían unas decisiones a llevar a cabo entre el presente mes y el
subsiguiente, y sin unas justificaciones aceptables se han estado variando con
el reacomodo fortuito de toda una instrumentación que debe tener unos costos
elevadísimos, pero que como salen de nuestra entidad pública, consideran que a
nadie le van a importar. Dejando claro, por supuesto, que no tienen una
dinámica ajustada a las realidades que se requieren para la entrega o el regalo
de nuestra UNE EPM Telecomunicaciones.
Los
entes investigadores como La Procuraduría General de la Nación, La Fiscalía
General de la Nación y La Contraloría General de la República, prueban que
están muy lentos en los resultados que requerimos los ciudadanos de bien, con
el ánimo que no se nos roben nuestros patrimonios públicos tan de frente. Lo
que demuestra que se está necesitando de un combustible que encienda con buenas
llamas la hoguera que judicialice, por fin, a los que están verdaderamente
comprometidos en los negociados que hemos venido denunciando con todas las
argumentaciones y acervos demostrativos en nuestro gran favor.
En
distintas intervenciones en los medios de prensa, las administraciones de
Empresas Públicas de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones han expresado que
UNIGEEP ha denunciado formas, lo que inminentemente no es cierto, y hasta sea
necio discutirlo. La constitución, la ley y los reglamentos existentes no pueden
ser convertidas en meras conveniencias, para que le jueguen al vaivén de los
intereses caprichosos de quienes tenemos bien preciso lo que es el estado y sus
fines integrales y sociales. No señores. La carta política es muy diciente en
la defensa de lo público; la ley es obvia en su aplicación contra los que
atentan contra el erario; y los reglamentos dejan la evidencia de cómo se deben
hacer las cosas para no meterse en problemas a corto plazo.
Los
ejemplos más próximos los estamos observando en los fugitivos y reos ausentes como María del Pilar Hurtado
Afanador, Andrés Felipe Arias Leyva y Luis Carlos Restrepo Ramírez, a quienes
se les está persiguiendo, en todo el
mundo, por todas las implicaciones que tuvieran en casos comprobados contra el
estado colombiano, entre otros por malversación de fondos y detrimento
patrimonial. Así pues que Lo que no se
dice ni se reconoce pretende ocultar las diligencias que ha mostrado UNIGEEP,
como organización al servicio de la defensa de nuestras entidades y por la
conservación de nuestros derechos laborales, pero que no lo expresen no
significa que no tengamos la razón.
JUNTA DIRECTIVA
UNIGEEP
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