SU MAJESTAD LA CORRUPCIÓN
Por:
Francisco Luis Valderrama Aguilar
Febrero
21 de 2016
De lejos, el peor problema que enfrentamos los
colombianos es la creciente corrupción pública y privada.
Se manipula la opinión para fijar la lupa en su
componente pública, en asuntos menores o en las consecuencias y no las causas
de nuestras dificultades. Se desprestigia o minimiza el
rol de las entidades estatales para justificar su venta. Severidad para juzgar la corrupción pública, con toda
razón, pero silencio ominoso frente a quienes se adueñan del patrimonio de los
colombianos, como si el pecado fuera solo de una de las partes. El
enriquecimiento ilícito parece no existir para el sector privado o las grandes
multinacionales.
Todo el ruido mediático para quienes ejecutan en plan
minorista lo que otros hacen impunemente a escala industrial, amparados por las
mismas autoridades o por leyes confeccionadas a la medida de su ambición
inagotable. El peso de la ley para el ladrón famélico
pero todas las garantías procesales para el de cuello blanco, del cual se
presume la honorabilidad.
El de abajo hace al menudeo lo que el de arriba hace
en grande. La diferencia radica en que para el uno el destino es la cárcel y
para el otro, las distinciones y los premios. Por cuenta de la estratificación de la corrupción, nuestras instituciones
están diseñadas para perseguir asuntos menores. Una garantía de intervención
institucional es robar poquito.
Debidamente
resguardado en la presunción de inocencia, el
desafuero en grande parece un derecho de origen uterino de elites políticas y
empresariales, muchas veces desde altos cargos oficiales o desde la
impunidad de sus feudos privados. La solvencia ética es irrelevante frente a
padrinazgos y afinidades políticas.
La criminal
concentración de la riqueza, y la guerra, su terrible consecuencia; la evasión
y elusión de impuestos; los desfalcos de la salud; la degradación ambiental; los
dineros escondidos en paraísos fiscales y esa forma infame de secuestrar países
enteros que es la deuda externa, son manifestaciones monstruosas de corrupción.
Según la DIAN,
la evasión en Colombia es de 15 billones de pesos en impuesto a la renta y de
15 billones de pesos en IVA. 250
empresas giran 9 billones de pesos a paraísos fiscales y cerca de 140 billones de pesos, declarados
formalmente como activos en el exterior, son apenas la punta del iceberg según
la misma DIAN.
Declara el señor
Presidente del BID, eco y voz de las élites y de la bancocracia, que en
Colombia es necesario un pacto por la eficiencia, que resume en más impuestos y
una base de tributación más amplia. Se abona la sinceridad: dijo sin rodeos que
no se podía concentrar el pago de impuestos en unos pocos. Qué bueno que
hubiera expresado lo mismo respecto a la concentración de ingresos. La mención marginal al hecho de que Colombia
tenga el índice de desigualdad más alto de Latinoamérica, que a su vez es la
región más desigual del mundo, no deja de ser un lavatorio de conciencia, pero
lo que realmente preocupa es “la eficiencia”.
ANIF y los
grandes medios de comunicación ambientan hoy la necesidad de una reforma
tributaria “estructural”, con lo cual caemos en la corrupción del lenguaje:
estructural es esa manera sinuosa de decir que son los demás, las bases, los
pensionados, los colombianos del montón, los que deben aportar los billones que
los privilegiados eluden, evaden o giran al exterior.
Son “vacunas” las exacciones menores pero “comisiones
de éxito” los honorarios por intermediar en la venta a menor precio de una
empresa estatal. Se cobra cada vez más por lo que se produce pero se paga cada vez menos a
los que lo producen: a lo primero se le llama “economía de mercado” y a lo
segundo “flexibilización laboral”. Son “inflacionarios” unos pocos pesos que
mantengan el poder adquisitivo del salario mínimo y “privilegios insostenibles”
los salarios dignos pero no lo son las utilidades desmedidas ni la
concentración de la riqueza en cada vez más pocas manos.
Triste decirlo: Gobierna
el dinero pero reina sin lugar a equívocos la corrupción.
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