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martes, 19 de abril de 2016

Saludamos Investigación de la Fiscalía en Caso Guatapé

Conocida la noticia, a nivel nacional, que la Fiscalía General de la Nación inició sendas averiguaciones en el caso de la Central Hidroeléctrica de Guatapé, tanto el Movimiento Cívico de Medellín Y El Área Metropolitana como UNIGEEP, reciben con plena satisfacción las diligencias y pesquisas que han comenzado. Nuestras dos organizaciones fueron oportunas y céleres en poner en las manos del ente investigador, dos artículos en los que pusimos al descubierto las actuaciones irregulares que se presentaron con ocasión del mantenimiento de esta generadora de energía.

Según información que tenemos, con 25 investigadores, la Fiscalía General de la Nación, hizo el ingreso al Edificio Inteligente y a la Central Hidroeléctrica de Guatapé, para determinar los responsables e implicados en el descuido manifiesto en que se incurrió. Lo peor de todo es que no hemos podido saber qué se hicieron los más de tres billones de pesos que se le giraron a las Empresas Públicas de Medellín, del cargo de confiabilidad, para hacerlos efectivos en el debido mantenimiento de las centrales que le pertenecen.

Tanto El Movimiento Cívico de Medellín y El Área Metropolitana como UNIGEEP, hicieron claridades específicas en los comunicados de amplia circulación, y se los trasladaron a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, con el fin de que estos órganos, tuvieran conocimiento de los desafueros cometidos en la Central Hidroeléctrica de Guatapé, y de los que no se han dado las explicaciones suficientes, que nos conduzcan a asumir una tranquilidad con respecto al delicado tema. De ahí que cuando somos informados que nuestras investigaciones y denuncias han sido acogidas con la seriedad requerida, tengamos una expectativa positiva sobre los posibles avances.

Lo más preocupante de la situación energética del país, no es que se haya comenzado a importar energía desde el Ecuador, sino que las termoeléctricas pidieron aumentar tarifas, para su supuesto sostenimiento, lo que le significaría a los colombianos unos 130.000 millones de pesos, como castigo por los actos irresponsables que otros cometen. Esto, mientras los más de 26 billones de pesos del cargo de confiabilidad, no sabemos en dónde o en que bolsillos se encuentran. Con los dineros, en comento, bien invertidos, la crisis que acabamos de sortear, no se hubiera presentado.

Los implicados reales en el siniestro de la Central Hidroeléctrica de Guatapé, tendrán que aparecer más temprano que tarde, porque si bien, como UNIGEEP, Saludamos Investigación de la Fiscalía en Caso Guatapé, también exigimos una celeridad relativa en los resultados que todos estamos esperando. Las entidades del estado no se pueden convertir en el paso obligado de quienes cometen actos contra la fe pública y salen ilesos como si nada hubiera sucedido. En las Empresas Públicas de Medellín, tienen que dar la cara los comprometidos en el desgreño administrativo denunciado.

“Si podemos formularnos la pregunta: ¿soy o no responsable de mis actos?, significa que si lo somos”
Fiodor Dostoievski
JUNTA DIRECTIVA
UNIGEEP


Anexamos remisiones a los distintos órganos del estado colombianos, con el Caso Guatapé




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1 comentario:

Anónimo dijo...

Miren que no solo en las empresas TIC existen estos monstruos destructores:

Medio Ambiente y el arte del engaño

Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, abril 18 de 2016

En las películas los depredadores los presentan como unos seres horribles con unos aditamentos en diferentes partes de su figura corporal listos a destruir lo que encuentren a su paso, así resulta fácil para el espectador identificarlos y hasta sentir cierta repulsa por su figura; en la realidad es mucho más complejo porque regularmente los seres más dañinos, en especial en el género humano, se presentan como los entes más angelicales y protectores y así terminan engañando a muchos incautos; ocurre por ejemplo con las compañías dedicadas a la gran minería, a la tala de bosques, a la industria petrolera, a la producción de elementos tóxicos y en general a actividades o procesos altamente contaminantes o destructores del hábitat, disponen de los recursos económicos y la estructura corporativa suficientes para financiar campañas que los presentan como los adalides de la defensa de la naturaleza y la protección del medio ambiente: no falta el concurso a la mejor idea para preservar la tierra o el cuaderno con la invitación a sembrar un árbol o abstenerse de matar un pájaro, conductas que sin demeritar no resuelven las graves amenazas que constituyen sus actividades destructoras.

Los depredadores también se clasifican según el tamaño del daño que ocasionan y los intereses que representa, pues no es equiparable el perjuicio que ocasiona una firma transnacional que desarrolla minería a gran escala con el uso de sustancias altamente contaminantes, al que provoca un pequeño barequero que corre tras la marca del buldócer y la retro a ver qué pepita de oro le cae en suerte en la batea con la que minea , o la transnacional que tala grandes extensiones de territorio versus el colono que desterrado de otras tierras corta el bosque para armar una parcela para sus sembrados.

Asistimos a un momento en el que a pesar de las notorias evidencias de la lesión que nos ocasiona no actuar con criterios conservacionistas al intervenir la naturaleza, se insiste en expoliarla hasta agotarla con tal de obtener jugosos dividendos; proceder así va cobrando sus dividendos en diferentes puntos del planeta, las manifestaciones son diversas, pero al final terminan en fenómenos que cuestan muchas vidas o que extienden el garrote de la pobreza a un mayor espectro de habitantes del planeta. Las normas que frenen este cataclismo son necesarias, pero poco efecto tiene si no las acompaña una fuerte presión y movilización de la sociedad entera.