Muy a propósito del atraco de Millicom y todos sus
cómplices con alcaldes a bordo, a Medellín, traemos a colación otro excelente
artículo de nuestro gran amigo el Doctor Libardo Espitia Rodríguez. Cualquier
parecido con la realidad, no es mera coincidencia, es la pura tendencia a la
corrupción rampante que está acabando con todo nuestro patrimonio público
nacional.
Otra
capitalización para Telefónica
Por:
Libardo
Espitia Rodríguez*
El último salvavidas financiero que la nación le ha
lanzado a Coltel (la vieja Telecom) se suma al largo prontuario de
detrimento de los bienes públicos que solo ha beneficiado a la empresa privada
y a multinacionales como la Telefónica de España.
Más
plata para Coltel
Hace
pocos días fue sancionada la Ley 1837 que
adiciona el Presupuesto General de la Nación en 8,5 billones de pesos.
Esta
misma ley autoriza a la Nación para capitalizar la empresa “Colombia
Telecomunicaciones” (Coltel), bajo el argumento de garantizar las mesadas
pensionales de los extrabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(Telecom) y sus entidades asociadas que habían sido liquidadas en el 2003.
Según ya había estipulado la Ley 1509
del 2012, esta capitalización era equivalente a la participación
accionaria de la Nación (1,3 billones de pesos) en la empresa bajo el control
de Telefónica Internacional SAU de España.
Ya
en este punto debemos advertir que se trata de la tercera capitalización de
Coltel. Es más: aunque el Gobierno invoca su obligación de cumplir con el pago
de las pensiones de unos 16.000 extrabajadores de Telecom, esta es una
verdad a medias, ya que dicho pago fue una responsabilidad adquirida por
Telefónica en el 2006.
Antecedentes
El 12 de junio del 2003 el Gobierno nacional tomó la
decisión de liquidar Telecom presidida por Alfonso Gómez Palacio y doce de sus
teleasociadas y, a la vez, creó Coltel, una sociedad anónima, vinculada al
Ministerio de Comunicaciones, prestadora de servicios públicos de
telecomunicaciones. Un año más tarde se ordenó la disolución y liquidación de
Telesantamarta.
Aunque el Gobierno invoca su obligación de cumplir con el
pago de las pensiones de unos 16.000 extrabajadores de Telecom, esta es
una verdad a medias.
Para
dar garantía en la prestación de los servicios, Coltel debió celebrar con
Telecom y sus teleasociadas en liquidación un contrato de explotación de
bienes, activos y derechos, a cambio de una contraprestación económica pagada a
las empresas liquidadas.
Este
contrato de explotación fue suscrito el 13 de agosto del 2003 con vigencia
hasta el 31 de diciembre del 2020, y su manejo y administración le fue cedido a
la Fiduagraria el 29 de diciembre del 2005.
La
obligación inicial
Además
de la obligación de preservar en buen estado y funcionamiento los bienes objeto
del contrato de explotación, llevando a cabo las ampliaciones y mejoras para la
adecuada prestación de los servicios, Coltel debía pagar la contraprestación
con destino al patrimonio autónomo receptor de activos de Telecom y las
empresas teleasociadas en liquidación. Todo esto fue plasmado en el contrato de
explotación de bienes, activos y derechos suscrito en agosto del 2003.
Coltel
asumió dos millones y medio de líneas fijas que tenía Telecom, producto de sus
convenios a “riesgo compartido” que suscribió con contratistas privados
nacionales y extranjeros. La contraprestación mínima señalada en el contrato
fue la siguiente:
Año
|
Contraprestación mínima*
|
2003
|
0
|
2004
|
$ 224.619.820
|
2005
|
$ 411.250.411
|
2006
|
$ 411.250.411
|
2007
|
$ 411.250.411
|
2008
|
$ 411.250.411
|
2009
|
$ 411.250.411
|
2010
|
$ 411.250.411
|
2011
|
$ 411.250.411
|
2012
|
$ 411.250.411
|
2013
|
$ 411.250.411
|
2014
|
$ 411.250.411
|
2015
|
$ 411.250.411
|
2016
|
$ 411.250.411
|
2017
|
$ 411.250.411
|
2018
|
$ 411.250.411
|
2019
|
$ 411.250.411
|
2020
|
$ 411.250.411
|
Fuente:
Cláusula 15 Contraprestación mínima-Contrato de explotación de bienes, activos
y derechos.
*
Los valores de diciembre del 2002 debían ser actualizados anualmente por el IPC
a partir del 31 de diciembre del 2002, incluyendo el IPC proyecto para el
respectivo año.
Primera
capitalización
En julio del 2005 se dio a conocer la noticia de que
Coltel había sido comprada por Teléfonos de México (Telmex), tras varias
visitas de su presidente, Alfonso Gómez Palacio, a Ciudad de México.
El
25 de agosto de ese año, Coltel y Telmex revelaron un proyecto de Memorando de
Entendimiento (MOU) para una posible fusión. Según el mismo Gobierno, el MOU
abría las puertas para que otras empresas de telecomunicaciones pudieran
presentar ofertas, que en todo caso podían ser contraofertadas por Telmex. El
MOU estipulaba que Coltel recibiría una inversión de 350 millones de dólares,
unos 90 millones en acciones de Telmex y el resto en efectivo.
El
30 de agosto, el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra,
envió una función de advertencia sobre el proceso basado en el MOU, que
consideraba “inconveniente, poco transparente, carente de garantías y
excluyente para otros potenciales interesados”. Además, destacaba las posibles
implicaciones dañinas que esta operación podría tener sobre la organización
industrial del sector. Al día siguiente, la junta directiva de la compañía
suspendió el proceso.
El
31 de marzo del 2006 la Asamblea de accionistas de Coltel, sobre la base de la
valoración efectuada por Citigroup Markets y la consultora Mckinsey, fijó el
precio mínimo de capitalización por el cincuenta por ciento más una acción,
equivalente a 533.577 millones de pesos, y el 6 de abril, mediante el proceso
de subasta entre la empresa venezolana CANTV y Telefónica de España, fue
elegida la multinacional española, que ofreció 853.577 millones de pesos por el
paquete accionario en referencia, de modo que se quedó con el cincuenta por
ciento más una acción. Después de esto se procedió a suscribir el Acuerdo Marco
de Inversión, a modificar el contrato de explotación y a firmar un contrato de
gestión y de alianza móvil.
La
oportuna intervención de la Contraloría había logrado proteger los intereses
generales de la Nación por 542 millones de dólares, mientras el procurador
general de entonces, Edgardo Maya Villazón, guardó silencio.
Segunda
capitalización
A finales del 2010 y como consecuencia de su deterioro
financiero, Coltel comenzó a tener una mora en el pago de las cuotas de la
contraprestación y solicitó al Gobierno nacional la inyección de recursos,
demanda que fue aceptada mediante la presentación del proyecto de ley 133/080
de 2011 al Congreso.
El
proyecto se convirtió en la ya citada Ley 1509 del 2012, que autorizó al
Gobierno para capitalizar a Coltel mediante el pago de las obligaciones
derivadas del contrato de explotación de bienes, activos y derechos a cambio de
acciones, con lo que cumplió de manera previa la fusión de la compañía con
otras del sector. Esta ley fue reglamentada a través del Decreto
402 de 2012 y el documento Conpes
3721. Este documento señaló que Coltel tenía un valor negativo de
3,76 billones de pesos e impartió las recomendaciones para llevar a cabo lo
dispuesto en la ley.
El Gobierno dejó marchitar su participación en Coltel,
acabó por inyectarle esos nuevos y cuantiosos recursos públicos.
Según
las condiciones señaladas, la participación de la nación en Coltel, luego de la
fusión con Telefónica, sería de entre el 25,9 por ciento y el 30,8 por ciento,
mientras que los perfiles de las cuotas de la contraprestación con el
patrimonio autónomo receptor de activos irían hasta el año 2028, para una
capitalización por un valor de 3,6 billones de pesos.
Tercera
capitalización
A
finales de 2016 de nuevo Telefónica le solicitó a la Nación que -en su calidad
de accionista del 32,5 por ciento de Coltel- llevara a cabo una nueva
capitalización, esta vez calculada en 1,3 billones de pesos.
La
Nación, a través del Ministerio de Hacienda, no encontró inconvenientes a esta
solicitud e incluyó los recursos solicitados en el proyecto de ley de adición
del Presupuesto General. Esta fue la decisión incluida en la ya dicha Ley 1837
del 2017, que autorizó la capitalización de Coltel en los términos
señalados por la Ley 1509 del 2012.
Consideraciones
finales
Con
el control de Coltel, Teléfónica y su marca Movistar han podido diversificar su
portafolio móvil en toda la geografía nacional. Sin embargo, esta situación no
ha favorecido a Coltel.
En
el 2005 Telefónica cerró el año con 6.032.980 líneas móviles y al finalizar el
primer trimestre del 2017 la compañía tenía 13.504.174 líneas. En contraste, en
el 2005 Coltel tenía 2.300.000 líneas fijas y, al finalizar el 2016, tan solo
contaba con 1.400.000 líneas.
En
el 2006, cuando a la multinacional española se le adjudicó el control de
Coltel, quedaron plasmadas unas obligaciones que aquella aceptó y que debía
cumplir. Si bien el entorno de las comunicaciones es dinámico, la experiencia y
el músculo financiero de la multinacional deberían haberle servido para ofrecer
un más amplio repertorio de servicios al ciudadano y evitar el deterioro
financiero de la empresa - y, por ende, de los intereses públicos-.
El
Gobierno por su parte dejó marchitar su participación en Coltel, a tal punto
que regaló la empresa a precio de huevo. No obstante, la Nación en cabeza del
Ministerio de Hacienda acabó por inyectarle esos nuevos y cuantiosos recursos
públicos.
Ante
la situación descrita, sorprende aún más el silencio del hoy contralor general
Edgardo Maya Villazón, quien no solo regenta el máximo organismo guardián de
los recursos públicos, sino que cuenta, entre sus más cercanos asesores, con
Antonio Hernández Gamarra, gran conocedor del tema.
*
Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica,
especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, control fiscal, Magíster en
Gestión y Auditorías Ambientales.
Para publicar o ver comentarios haga clic en “comentarios” en la parte inferior de éste artículo
No hay comentarios:
Publicar un comentario