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miércoles, 13 de marzo de 2019

EL CARMEN DE ATRATO Y LOS ESTRAGOS DE LA MINERÍA











Francisco Luis. Valderrama Aguilar.  Carmeleño
Marzo 11 de 2019 
    
                                       
Durante cerca de cuarenta y cinco años se ha explotado cobre y otros minerales (alta ley de oro y plata) en  el contrato de explotación de Mina El Roble que desde 2013 pertenece al consorcio ATICO MINING CORPORATION, 90% propiedad de la familia Ganoza de origen peruano y otros accionistas. El 10% restante pertenece a la familia Gaviria de Medellín, dueña del diario El Mundo y pequeños accionistas.

Los nuevos propietarios duplicaron la producción, con consecuencias devastadoras para la municipalidad: calles destrozadas por el flujo de vehículos pesados; deterioro de viviendas; daños en las redes de servicios públicos; contaminación ambiental y auditiva; grave afectación del rio Atrato y otras fuentes hídricas por utilización de reactivos de flotación como espumantes, colectores químicos y otros insumos industriales; problemas de salud; desacato de normas municipales; interrupción del tráfico local; construcciones sin licencia; desmejoramiento de condiciones laborales de operarios oriundos de la región, sometidos a jornadas extenuantes, discriminados en su propia tierra e irrespetados en sus patrones culturales y familiares con normas y horarios que solo consultan la productividad de la multinacional.

En 2013 fue ordenado el cierre temporal de la mina por contaminación del Rio Atrato, declarado en 2016 sujeto de derechos por la Corte Constitucional. La medida se levantó con el compromiso, no cumplido, de ubicar dos estaciones de monitoreo de sus aguas. La verdad es que todavía las presas de relave vierten sus aguas contaminadas al rio Atrato.
No obstante ser la única mina de cobre en Colombia, el consorcio no paga regalías por este concepto. Una cláusula de la concesión estipula que solo procedería su pago si la producción supera 100.000 toneladas año. Hábilmente, el consorcio interpreta la expresión producción como concentrado ya procesado y no como mineral en boca de mina, como debe ser. Para que se entienda el concepto, producir una tonelada de concentrado demanda extraer entre 7 y 20 toneladas de mineral de mina. Es tan evidente la artimaña que la Agencia Nacional de Minería (entidad estatal) demandó a Minera El Roble S.A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera.

Tampoco paga impuesto de industria y comercio en favor del municipio. Otra clausula establece que no procede el pago cuando la transformación y/o separación de los minerales, como ocurre en este caso, se hace en el exterior.

La concesión se renegociará en el 2020 y es obligación de la institucionalidad municipal vigilar, bien para objetar su ampliación si los dueños evaden su responsabilidad social con las comunidades impactadas por la explotación, o bien para remover esas cláusulas leoninas que lesionan el patrimonio colectivo y la soberanía nacional.

La misión de ATICO MINING CORPORATION habla de crear valor sostenible para accionistas, empleados y comunidad y de compromiso con la responsabilidad social y ambiental. Lamentablemente la práctica empresarial se agota en satisfacer las utilidades de los accionistas y en reducir la responsabilidad social a minucias intrascendentes y favores personales. La deuda con la comunidad no se salda con dádivas y donaciones menores. No se trata de repetir la historia de hace un siglo narrada por José E. Rivera en La Vorágine, cuando la casa Arana, peruana, extraía caucho en la región amazónica. No se pide nada extraordinario señores dueños. Simplemente hacer realidad su misión.

El rompimiento de sendas PRESAS DE RELAVE (depósitos de desechos de procesos mineros) en Brasil, estado de Mina Gerais, en noviembre de 2015, en el PEOR desastre ambiental de su historia, y en enero de 2019, con pérdida de vidas humanas y cientos de desaparecidos, prefigura lo que podría pasar en El Carmen de Atrato. Aguas arriba del rio se han construido cuatro depósitos que no solo alteran de manera dramática el entorno sino que son una espada de Damocles que pende sobre la comunidad carmeleña. El último de ellos, más grande y de mayor capacidad, ubicado frente y sobre el pueblo, genera preocupación a la ciudadanía que diariamente sufre el impacto visual y la potencial amenaza que entraña el realce continuo de la presa. Sobre ATICO MINING y autoridades de todo tipo recaerá la responsabilidad por cualquier desastre que pudiera ocurrir.

En todos los contratos existen pólizas para asegurar la estabilidad de obras. Por supuesto es importante prevenir perjuicios a los dueños, pero más importante aún es la obligación ética de proteger a la comunidad, sus vidas, su patrimonio y su medio ambiente. Si los diseños son correctos y las presas están bien construidas, con refuerzos estructurales y cumplimiento de normas sismo resistentes, las compañías aseguradoras no tendrían objeciones para expedir pólizas que cubran también perjuicios colectivos. Esa debería ser una exigencia perentoria de ciudadanía y autoridades a la multinacional.

No hay control sobre la actividad minera en Colombia. Padecemos una nociva combinación de nula fiscalización estatal, lentitud judicial, poca participación ciudadana y afán desmedido de lucro de unos pocos, en medio de una rabulesca hábil que plasma en el papel compromisos que no se satisfacen en la práctica. Es un mal chiste ser vigilado por nidos de burocracia inútil como CODECHOCO u otra cualquiera institución colombiana.  La triste realidad es que la operación de El Roble produce y exporta concentrados de Cobre con altos contenidos de oro y plata, sin mayores controles del estado colombiano.

Un dato aproximado: en la actualidad El Roble procesa del orden de 800 toneladas de material día. Si el material que se exporta es un concentrado al 22%, al pueblo le quedan 620 toneladas de desechos día, sumados a insumos químicos e industriales utilizados en el proceso. Más de 1.1 millones de toneladas de basura industrial en cinco años, depositadas en las presas mencionadas. 110.000 volquetas de 10 toneladas, para dar una idea aproximada de la magnitud y peligro de los desechos.

ATICO MINING tiene licenciadas del orden de 10000 hectáreas en el municipio, con recursos de 1.5 millones de toneladas de mineral con 5% en cobre y 4 gramos de oro por tonelada de material en boca de mina. Dicho de otra manera, por cada tonelada de concentrado de ese tenor habrá que extraer 20 de la mina. A cambio de migajas, el pueblo será el depósito de 30 millones de toneladas de basura o 3 millones de volquetas, para seguir con la misma comparación.

Pero la peor amenaza no es TODAVÍA visible. Seguramente por razones económicas dada la cercanía con la mina, basuras y residuos de la explotación, muchos de ellos tóxicos, se han depositado en las goteras del pueblo, aguas arriba del rio Atrato. ¿Si hasta el momento se han construido cuatro presas, cuantas más serán necesarias para 30 millones de toneladas de desechos provenientes de los recursos no extraídos? ¿Dónde se van a depositar? ¿Acaso la viabilidad del proyecto se soporta en disponer de ellos casi en el propio pueblo?

Si la respuesta es afirmativa, no queremos ese tipo de minería. La riqueza no es inocente de la pobreza decía alguien. Cumplan la misión que sus cartillas predican o váyanse a otra parte señores dueños. No soporten la viabilidad de su negocio en la destrucción de nuestro entorno o el irrespeto por trabajadores y comunidad. Por supuesto El Carmen se resentirá por el empleo malogrado pero de las crisis surgen grandes oportunidades: redefinir el modelo de desarrollo, retomar la vocación agrícola, estimular la actividad turística. Las futuras generaciones lo agradecerán.

Si eventualmente no hubiese reversa posible en la mina El Roble, opondremos resistencia a nuevas concesiones. Y si ATICO MINING insiste en una explotación que vulnere derechos sociales, laborales y ambientales, el paro que hoy con toda razón realizan los trabajadores lo adelantará la sociedad entera. No abusen de su poder. No siempre la ciudadanía será silenciosa, no siempre las autoridades serán complacientes. A cambio del SAQUEO IRREPARABLE de recursos naturales, el Carmen de Atrato no puede convertirse en rehén del empleo generado por una explotación destructora del entorno donde vivirán hijos y nietos.

Una sencilla reflexión señores dueños: Los riesgos que ustedes hoy señalan como consecuencia del paro laboral de sus trabajadores, los va a padecer el pueblo cuando se agote la explotación. Todo el peso del deterioro caerá sobra la comunidad y el medio ambiente. Es justamente por eso que se les llama a una actitud empresarial propositiva que vea a los carmeleños como aliados y no como vasallos. Si se acepta que la explotación es una realidad, todavía tienen tiempo de replantear su comportamiento. Todavía es posible una convivencia armónica con la comunidad. Ustedes tienen una reputación que cuidar, sino en El Carmen, donde parece no importarles, si en la bolsa de Canadá donde cotizan sus acciones.

De otro lado, aceptar apoyo de concesiones mineras en procesos electorales locales y nacionales constituye una repulsiva manera de asegurar pasividad institucional o incluso de cogobernar con las autoridades que resulten elegidas en virtud del apoyo recibido. Los pueblos no pueden cometer el error de elegir fichas serviles de los dueños de las minas.

Una acotación final: Si donde se dice minería se lee Fracking, lo escrito sigue vigente. No son actividades amigables, como no hay bombardeos humanitarios ni violaciones afectuosas. 


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