Francisco Luis.
Valderrama Aguilar. Carmeleño
Marzo 11 de 2019
Durante
cerca de cuarenta y cinco años se ha explotado cobre y otros minerales (alta
ley de oro y plata) en el contrato de
explotación de Mina El Roble que desde 2013 pertenece al consorcio ATICO MINING
CORPORATION, 90% propiedad de la familia Ganoza de origen peruano y otros
accionistas. El 10% restante pertenece a la familia Gaviria de Medellín, dueña
del diario El Mundo y pequeños accionistas.
Los
nuevos propietarios duplicaron la producción, con consecuencias devastadoras
para la municipalidad: calles destrozadas por el flujo de vehículos pesados;
deterioro de viviendas; daños en las redes de servicios públicos; contaminación
ambiental y auditiva; grave afectación del rio Atrato y otras fuentes hídricas
por utilización de reactivos de flotación como espumantes, colectores químicos
y otros insumos industriales; problemas de salud; desacato de normas
municipales; interrupción del tráfico local; construcciones sin licencia;
desmejoramiento de condiciones laborales de operarios oriundos de la región,
sometidos a jornadas extenuantes, discriminados en su propia tierra e
irrespetados en sus patrones culturales y familiares con normas y horarios que
solo consultan la productividad de la multinacional.
En
2013 fue ordenado el cierre temporal de la mina por contaminación del Rio
Atrato, declarado en 2016 sujeto de derechos por la Corte Constitucional. La medida
se levantó con el compromiso, no cumplido, de ubicar dos estaciones de
monitoreo de sus aguas. La verdad es que todavía las presas de relave vierten
sus aguas contaminadas al rio Atrato.
No
obstante ser la única mina de cobre en Colombia, el consorcio no paga regalías
por este concepto. Una cláusula de la concesión estipula que solo procedería su
pago si la producción supera 100.000 toneladas año. Hábilmente, el consorcio
interpreta la expresión producción como concentrado ya procesado y no como
mineral en boca de mina, como debe ser. Para que se entienda el concepto, producir
una tonelada de concentrado demanda extraer entre 7 y 20 toneladas de mineral
de mina. Es tan evidente la artimaña que la Agencia Nacional de Minería
(entidad estatal) demandó a Minera El Roble S.A. ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sección tercera.
Tampoco
paga impuesto de industria y comercio en favor del municipio. Otra clausula establece
que no procede el pago cuando la transformación y/o separación de los minerales,
como ocurre en este caso, se hace en el exterior.
La
concesión se renegociará en el 2020 y es obligación de la institucionalidad
municipal vigilar, bien para objetar su ampliación si los dueños evaden su
responsabilidad social con las comunidades impactadas por la explotación, o
bien para remover esas cláusulas leoninas que lesionan el patrimonio colectivo
y la soberanía nacional.
La
misión de ATICO MINING CORPORATION habla de crear valor sostenible para
accionistas, empleados y comunidad y de compromiso con la responsabilidad
social y ambiental. Lamentablemente la práctica empresarial se agota en
satisfacer las utilidades de los accionistas y en reducir la responsabilidad
social a minucias intrascendentes y favores personales. La deuda con la comunidad
no se salda con dádivas y donaciones menores. No se trata de repetir la
historia de hace un siglo narrada por José E. Rivera en La Vorágine, cuando la casa
Arana, peruana, extraía caucho en la región amazónica. No se pide nada
extraordinario señores dueños. Simplemente hacer realidad su misión.
El
rompimiento de sendas PRESAS DE RELAVE (depósitos de desechos de procesos
mineros) en Brasil, estado de Mina Gerais, en noviembre de 2015, en el PEOR
desastre ambiental de su historia, y en enero de 2019, con pérdida de vidas
humanas y cientos de desaparecidos, prefigura lo que podría pasar en El Carmen
de Atrato. Aguas arriba del rio se han construido cuatro depósitos que no solo
alteran de manera dramática el entorno sino que son una espada de Damocles que pende
sobre la comunidad carmeleña. El último de ellos, más grande y de mayor
capacidad, ubicado frente y sobre el pueblo, genera preocupación a la
ciudadanía que diariamente sufre el impacto visual y la potencial amenaza que
entraña el realce continuo de la presa. Sobre ATICO MINING y autoridades de
todo tipo recaerá la responsabilidad por cualquier desastre que pudiera
ocurrir.
En
todos los contratos existen pólizas para asegurar la estabilidad de obras. Por
supuesto es importante prevenir perjuicios a los dueños, pero más importante
aún es la obligación ética de proteger a la comunidad, sus vidas, su patrimonio
y su medio ambiente. Si los diseños son correctos y las presas están bien
construidas, con refuerzos estructurales y cumplimiento de normas sismo resistentes,
las compañías aseguradoras no tendrían objeciones para expedir pólizas que
cubran también perjuicios colectivos. Esa debería ser una exigencia perentoria de
ciudadanía y autoridades a la multinacional.
No
hay control sobre la actividad minera en Colombia. Padecemos una nociva
combinación de nula fiscalización estatal, lentitud judicial, poca
participación ciudadana y afán desmedido de lucro de unos pocos, en medio de
una rabulesca hábil que plasma en el papel compromisos que no se satisfacen en
la práctica. Es un mal chiste ser vigilado por nidos de burocracia inútil como
CODECHOCO u otra cualquiera institución colombiana. La triste realidad es que la operación de El
Roble produce y exporta concentrados de Cobre con altos contenidos de oro y plata,
sin mayores controles del estado colombiano.
Un dato aproximado: en la
actualidad El Roble procesa del orden de 800 toneladas de material día. Si el
material que se exporta es un concentrado al 22%, al pueblo le quedan 620
toneladas de desechos día, sumados a insumos químicos e industriales utilizados
en el proceso. Más de 1.1 millones de toneladas de basura industrial en cinco
años, depositadas en las presas mencionadas. 110.000 volquetas de 10 toneladas,
para dar una idea aproximada de la magnitud y peligro de los desechos.
ATICO MINING tiene licenciadas
del orden de 10000 hectáreas en el municipio, con recursos de 1.5 millones de
toneladas de mineral con 5% en cobre y 4 gramos de oro por tonelada de material
en boca de mina. Dicho de otra manera, por cada tonelada de concentrado de ese
tenor habrá que extraer 20 de la mina. A cambio de migajas, el pueblo será el
depósito de 30 millones de toneladas de basura o 3 millones de volquetas, para
seguir con la misma comparación.
Pero la peor amenaza no es
TODAVÍA visible. Seguramente por razones económicas dada la cercanía con la
mina, basuras y residuos de la explotación, muchos de ellos tóxicos, se han
depositado en las goteras del pueblo, aguas arriba del rio Atrato. ¿Si hasta el
momento se han construido cuatro presas, cuantas más serán necesarias para 30
millones de toneladas de desechos provenientes de los recursos no extraídos?
¿Dónde se van a depositar? ¿Acaso la viabilidad del proyecto se soporta en
disponer de ellos casi en el propio pueblo?
Si la respuesta es afirmativa,
no queremos ese tipo de minería. La riqueza no es inocente de la pobreza decía
alguien. Cumplan la misión que sus cartillas predican o váyanse a otra parte
señores dueños. No soporten la viabilidad de su negocio en la destrucción de
nuestro entorno o el irrespeto por trabajadores y comunidad. Por supuesto El
Carmen se resentirá por el empleo malogrado pero de las crisis surgen grandes
oportunidades: redefinir el modelo de desarrollo, retomar la vocación agrícola,
estimular la actividad turística. Las futuras generaciones lo agradecerán.
Si
eventualmente no hubiese reversa posible en la mina El Roble, opondremos
resistencia a nuevas concesiones. Y si ATICO MINING insiste en una explotación
que vulnere derechos sociales, laborales y ambientales, el paro que hoy con
toda razón realizan los trabajadores lo adelantará la sociedad entera. No
abusen de su poder. No siempre la ciudadanía será silenciosa, no siempre las
autoridades serán complacientes. A cambio del SAQUEO IRREPARABLE de recursos
naturales, el Carmen de Atrato no puede convertirse en rehén del empleo
generado por una explotación destructora del entorno donde vivirán hijos y
nietos.
Una
sencilla reflexión señores dueños: Los riesgos que ustedes hoy señalan como
consecuencia del paro laboral de sus trabajadores, los va a padecer el pueblo
cuando se agote la explotación. Todo el peso del deterioro caerá sobra la
comunidad y el medio ambiente. Es justamente por eso que se les llama a una
actitud empresarial propositiva que vea a los carmeleños como aliados y no como
vasallos. Si se acepta que la explotación es una realidad, todavía tienen
tiempo de replantear su comportamiento. Todavía es posible una convivencia
armónica con la comunidad. Ustedes tienen una reputación que cuidar, sino en El
Carmen, donde parece no importarles, si en la bolsa de Canadá donde cotizan sus
acciones.
De
otro lado, aceptar apoyo de concesiones mineras en procesos electorales locales
y nacionales constituye una repulsiva manera de asegurar pasividad institucional
o incluso de cogobernar con las autoridades que resulten elegidas en virtud del
apoyo recibido. Los pueblos no pueden cometer el error de elegir fichas
serviles de los dueños de las minas.
Una acotación final: Si donde
se dice minería se lee Fracking, lo escrito sigue vigente. No son actividades
amigables, como no hay bombardeos humanitarios ni violaciones afectuosas.
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1 comentario:
No hace falta ir muy lejos para ver la disminución de los peces en el rio Atrato. Debido a La constante descargas al rio de un material de color gris. Por algo dicen que el rio Atrato es el más contaminado de Colombia con altos índices de mercurio.
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