Hidroituango:
un desastre de mal en peor
Escrito por Gustavo
Wilches-Chaux agosto 17, 2020
Un poco de historia
En febrero de 2019, publiqué en Razón Pública el artículo “Hidroituango: el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo”.
Lamentablemente, todos los argumentos que allí expuse mantienen su vigencia: de acuerdo con opiniones de expertos que han seguido el proceso, no se han resuelto los problemas técnicos y de diseño de la presa, y los grupos armados ilegales siguen controlando el territorio.
Vale la pena recordar que en esta zona desde 1997 han ocurrido 62 masacres, incluyendo la del Aro, por la cual el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que abriera un proceso contra Álvaro Uribe, quien era gobernador de Antioquia en ese entonces.
Además de acabar con la vida de cientos de personas inocentes, esas masacres hicieron que numerosas familias que dependían de la pesca y el barequeo se quedaran sin una fuente de ingresos, y dieron lugar a desplazamientos y desapariciones forzadas que desestructuraron los lazos entre las comunidades locales y sus territorios.
En abril de 2019 publiqué otro artículo (“Hidroituango: el desastre que no cesa”) donde señalé las contradicciones entre Luis Pérez, gobernador de Antioquia en ese momento, y el proyecto Hidroituango. También expuse las tensiones entre el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien convocó una rueda de prensa para informar que había abierto una investigación contra los exdirectivos de Hidroituango que le otorgaron el contrato a EPM para ejecutar el proyecto, pese a que antes se había abierto una convocatoria mundial en la que se presentaron las siguientes firmas: China Three Georges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Electrobrás), Constructora Norberto Odebrecht S.A., Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Andrade Gutierrez S.A. y la misma EPM.
Por ese entonces señalé las consecuencias nefastas que han
tenido la Presa de las Tres Gargantas en China y la represa Coca Codo Sinclair
en Ecuador, la primera construida por la ya mencionada Three Georges
Corporation y la segunda por la empresa Sinohydro, de la misma nacionalidad.
Posteriormente, el fiscal Martínez renunció alegando su discrepancia con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de liberar al exguerrillero de las FARC Jesús Santrich. Pero nadie duda que en realidad renunció porque salieron a la luz prueba contundentes de sus vínculos con la controvertida empresa Odebrecht.
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La demanda incestuosa de EPM
He continuado observando el desarrollo de ese proceso y puedo afirmar con toda seguridad que cada vez el desastre se vuelve más complejo tanto para el territorio como para los ecosistemas y las comunidades que forman parte de él.
Recientemente, este proyecto ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación porque Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de la misma ciudad (EPM), decidió interponer una demanda por valor de 9,9 billones de pesos contra los constructores, interventores y aseguradores de Hidroituango, la obra de cuya construcción se hizo cargo directamente EPM después de que la convocatoria internacional fuera suspendida.
No es fácil entender los motivos y los objetivos que esconde lo que a simple vista parece una ‘demanda incestuosa’ de EPM contra sí misma o, por lo menos, contra otras empresas que comparten con ella “estrechos vínculos de consanguinidad” económica, política y empresarial.
De acuerdo con Álvaro Rendón, actual gerente de EPM, los argumentos de la demanda coinciden con las advertencias de carácter técnico que distintos especialistas han realizado desde que fue concebido el proyecto. En una entrevista radial, Rendón afirmó que: “Durante el desarrollo del proyecto, muchos agentes se dieron cuenta de que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en la operación comercial, y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron, trajeron consigo un riesgo que a la postre condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación”.
Pero ¿realmente ese es el único riesgo que ha causado el manejo de este proyecto? ¿Ya han conjurado sin lugar a duda todos los que se advierte que existen allí? Es cierto lo que afirma el mismo Rendón cuando en un vídeo institucional de EPM publicado el 31 de julio del año en curso (antes de la demanda), asegura que “no hay riesgos técnicos, y si los hay, están mitigados y reducidos”.
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Grupos armados y COVID-19
La zona de influencia de Hidroituango también está expuesta a riesgos que van más allá del ámbito técnico. Para comenzar, grupos al margen de la ley controlan el territorio. Dos hechos recientes sirven de ejemplo a esa afirmación.
El pasado 15 de junio, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) denunció que, tras el asesinato del líder social Edier Adán Lopera, grupos armados impidieron que su familia, la comunidad y las autoridades realizaran el levantamiento del cadáver. Según el Secretario de Gobierno (E) del Departamento de Antioquia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Policía Judicial sólo lograron rescatar el cadáver nueve días después “debido a las difíciles condiciones geográficas y de seguridad del terreno.”
Tan solo un mes después de ocurrido ese crimen, el Estado se vio obligado a llevar a cabo un operativo de evacuación para salvar la vida de 93 excombatientes que, de conformidad con lo pactado en el Acuerdo de Paz, se habían asentado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en el municipio de Ituango. Es importante mencionar que además de otros reincorporados que ya habían sido asesinados en el lugar, cerca de 860 campesinos de 12 veredas ya habían sido desplazados hacia la cabecera municipal el 23 de febrero, por amenazas de esos mismos grupos armados ilegales. Desde 2017 la Defensoría del Pueblo venía emitiendo alertas sobre esta situación. En entrevista publicada hoy 16 de agosto en el Espectador, el saliente Defensor del Pueblo Carlos Negret afirma que “no se les presta atención política a las alertas tempranas para proteger población civil en peligro”.
Sin duda es importante que esos 93 excombatientes evacuados, hoy estén a salvo, pero resulta alarmante que grupos armados ilegales sigan controlando la zona al igual que otros municipios ubicados en la Costa Pacífica, en el Departamento del Cauca y en otras regiones del país.
Como si fuera poco, la irrupción de la COVID-19 sacó a Hidroituango de la lista de prioridades del Estado y de los medios de comunicación, lo cual de hecho está aumentando las complejidades del desastre. La pandemia está afectando a la comunidad y directamente a los trabajadores de Hidroituango: entre el 12 y el 21 de mayo, el número de contagios entre los trabajadores pasó de 3 a 197, lo que implica un aumento de 6.567% (Seis mil quinientos sesenta y siete por ciento). También se ha informado sobre soldados presuntamente contagiados en el municipio de Valdivia.
La crisis financiera, política y administrativa que en
este preciso momento atraviesa EPM no augura un desenlace positivo para las
comunidades que llevan más de 20 años sufriendo por culpa de Hidroituango. Por
el contrario, todo indica que ese desastre sigue empeorando cada día más.
Esperemos que la necesidad de devolverles a las comunidades y al río Cauca condiciones que les permitan ejercer efectivamente sus Derechos Fundamentales, vuelva a la lista de prioridades del Estado, antes de que ocurra una catástrofe mayor, allí mismo y aguas abajo.
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