Los cargos
presentados ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, en contra
de los 18 concejales de Medellín, autores de la carta enviada al expropiador de
la empresa de telecomunicaciones de propiedad de Empresa Públicas de Medellín,
son muy graves, porque todos ellos tiene conocimiento de que en estos momentos
se tramita en el juzgado Sexto Administrativo Oral de Medellín una acción
popular con la que pretendemos recuperar a UNE EPM Telecomunicaciones y a todas
sus empresas asociadas, que hoy están en poder de la multinacional Millicom.
En la
fiscalía tenemos denunciado al extranjero Marcelo Cataldo Franco, receptor del
documento, por la destrucción de la marca UNE, la venta de las torres de
telefonía y miles de toneladas de cobre de los cables que presentaron como
robados por la delincuencia común, pero que nosotros pudimos probar que tales
delincuentes salían de las oficinas de Tigo.
Los cargos
presentados contra los concejales de Medellín son: falsedad ideológica en
documento público, prevaricato, peculado en favor de terceros y fraude a
resolución judicial. A los denunciados les dijimos el 5 de octubre de 2021 que
el Proyecto de Acuerdo 065 presentado por el alcalde de Medellín era una
invitación a un concierto para delinquir, pues lo que se pretendía con esa
iniciativa era legalizar la estafa cometida por Millicom en contra de Medellín.
Esta acusación no ha sido desmentida ni tenemos conocimiento de que nos
hubieran denunciado por injuria y calumnia. La denuncia contra los 18
concejales la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias por su complicidad
en estos hechos, unos por acción y otros por omisión.
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