Por estos días, y en manera muy ingente, las
administraciones de EPM y de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., ésta última en
manos de la atracadora Millicom, se les ha dado por hablar de ética y de moral,
implementando unos programas que buscan solo tapar la cantidad de
irregularidades y de hechos ilícitos de una sonada connotación nacional. Gastan
gruesos recursos económicos y materiales para hacer ver lo que ya nadie cree de
ellas.
Se han dado a la tarea, urgente, de tratar de cubrir
una serie de actuaciones que de existir una cuota mínima de democracia y
justicia en nuestro país, muchos estuvieran haciéndole compañía al violador de
la niña Juliana Samboni Muñoz. Si, así de sencillo. Los recursos que se han
perdido en estas dos administraciones, y que servirían para que miles de niños,
con sus familias, suplieran sus diversas necesidades básicas, pasan de los 20
billones de pesos. Basta solo hacerle un seguimiento, muy corto, a los negocios
que se han llevado a cabo desde el año 2013, agregando lo de Orbitel, y la suma
no bajará de la cifra advertida.
Es inconcebible que a los trabajadores se les haya
obligado a cumplir con unos falsos trazados de ética, de policitas
anticorrupción y anti sobornos, con el rimbombante nombre de: “Curso Soy
Compliance”, curiosamente, cuando todo lo contrario se les ha podido comprobar
a las administraciones en comento. Hemos conocido que el Señor Marcelo Cataldo
Franco, recibirá un bono, lógicamente ilegal, después de que demuestre unas
metas del 90% en las falaces y acomodadas encuestas. El solo hecho de poner a todos
los funcionarios a perder el tiempo, una hora y media, en algo tan
evidentemente mendaz, es ya un detrimento patrimonial.
¿Será que acaso la entrega a Millicom, como único
oferente, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. fue legal? ¿Será que ya se supo en
cuánto se valoró y qué dinero pagó la fraudulenta multinacional por el negocio
de la falsa fusión? Entonces ¿dónde está el dinero? ¿Será que acaso no hubo
sobornos para que algo tan ilícito se diera? ¿Será que la inasistencia de Jorge
Londoño de la Cuesta a varias Juntas Directivas de la entidad tiene
justificación alguna? ¿Será que el reparto de dividendos, afectando seriamente
las reservas de la empresa, fue lícito? ¿Será que el reparto de bonificaciones,
que ya suman más de 50.000 millones de pesos a la alta dirección de Colombia
Móvil, es ético y legal? ¿Sera que los acuerdos del Señor Esteban Cristian
Iriarte con la Contralora, el 8 de abril de 2016, a las 02:00 p.m., para no investigar
ciertas bonificaciones estuvieron enmarcados en la ley?
Si la ética y la moral fueran una celda
carcelaria, los Señores Aníbal Gaviria Correa, Esteban Cristian Iriarte,
Marcelo Cataldo Franco, Marc Eichmann Perret, Juan Esteban Calle Restrepo, y todos
sus cómplices, se podrirían purgando sus penas. Deberían asumir una posición de
respeto frente a quienes han entregado todo de sí para sostener lo que ellos
han venido saqueando y entregando fraudulentamente. Antes de hablar de
políticas de transparencia, bajo un encubrimiento ilícito de sus actuaciones,
son estos sujetos los que están obligados a cumplirlas para dar un ejemplo a
seguir.
Hemos conocido, por comentarios de algunos
funcionarios, que el tema de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., tiene hartos a
los mantenidos ineptos de EPM. Luego, ¿por qué no salen a corregir lo que ellos
mismos han generado desde el 2005 y que empeoraron en el 2013? Esto sería lo
más lógico y fácil, solo basta recuperar lo que nos es propio y que nunca ha
dejado de ser rentable y viable. ¿O es que pretenden hacerle caso al desvergonzado
concejal cabuya o veleta que propone perseguir al ladrón para entregarle el
resto de lo que todavía no nos ha robado? Las Farsas de EPM y Millicom han entrado en una etapa final, ante la
opinión pública y los estrados de la justicia que tendrán que empezar a arrojar
unos sendos resultados.
“El número de malhechores no autoriza el crimen”
Charles Dickens
JUNTA DIRECTIVA
UNIGEEP
Nota: Anexamos el siguiente twitter
del Doctor Gonzalo Álvarez Henao, que corrobora el horror de la crisis ética y
moral en nuestra casa matriz EPM:
El inteligente no es el edificio de EPM,
sino sus directivos
POR
GONZALO ÁLVAREZ HENAO
El escándalo en el que se encuentran
envueltas las Empresas Públicas de Medellín, puede resultar más grave de lo que
a simple vista se ve. Su participación en los Paradise papers, con la empresa
Maxseguros, creada ilegalmente en
Bermudas, puede tener consecuencias fiscales y penales.
La cuasi empresa Maxseguros, fue creada
a espaldas del Concejo de Medellín y de
la ciudadanía, y venía funcionando de manera clandestina.
Empresas Públicas de Medellín, es una
empresa industrial y comercial del estado, y solo puede constituir filiales con
autorización del Concejo. Hasta donde tengo conocimiento, la propuesta de
constituir tal empresa, no pasó por esa Corporación. El delito cometido, no
sería solo el de evasión fiscal, sino también el de prevaricato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley
489 de 1998.
(…)
“Artículo 94º.- Asociación de las empresas industriales y comerciales del
Estado.
3. Creación de filiales.
El escándalo en el que se encuentran
envueltas las Empresas públicas de Medellín, puede resultar más grave de lo que
a simple vista se ve, su participación en lo Paradise papers, con la empresa
Maxseguros creada ilegalmente y que tiene sede en Bermudas.
Las empresas industriales y comerciales
del Estado y las entidades territoriales que concurran a la creación de una
empresa filial actuarán previa autorización de la ley, la ordenanza
departamental o el acuerdo del respectivo Concejo Distrital o Municipal, la
cual podrá constar en norma especial o en el correspondiente acto de creación y
organización de la entidad o entidades participantes.”
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