La corrupción de
Millicom con su marca Tigo, recorre a América Latina
El
Señor Alcalde de Medellín, concejales y junta directiva de EPM no se inmutan
frente a esta otra gravísima vileza, Millicom nos ha robado la marca UNE para
imponer la suya, Tigo. Esto se veía venir desde que el multi-investigado Aníbal
Gaviria Correa, y su séquito Juan Esteban Calle Restrepo, les entregaran UNE
EPM Telecomunicaciones S.A. a los defraudadores agentes de esa multinacional
mediante un ardid lleno de actos punibles y acciones delincuenciales.
La
idea de los timadores de Millicom es posicionar a Tigo pero con el trabajo de
las demás empresas y así lo ha hecho en diferentes países de África y América
Latina, en Colombia con su llegada en 2006 cuando siendo el único proponente y
sin pagar un solo peso se hizo al 50 + 1 de las acciones de la empresa OLA, a
pesar de haber “comprado con la cédula” , de inmediato anunció un cambio
extremo e impuso su marca. En 2013, sin importar sus antecedentes de mala paga,
lograron de forma ilegal y nuevamente sin realizar aportes en dinero se
hicieron al manejo de un capital 100% público.
El
pobre argumento que dan para la “unificación de la marca” es que supuestamente
UNE no era reconocida ni siquiera en nuestro país; la realidad es que en 2014
se realizó estudio de marca en el cual UNE superó a TIGO, por eso decidieron
emprender la voraz campaña de ocultamiento y debilitamiento de nuestra marca, UNE.
Iniciaron con una votación interna en la
cual ganó la opción UNE TIGO, pero muy
sospechosamente los resultados cambiaron y resultó “ganando” la opción TIGO UNE;
un valeroso empleado le escribió a
Esteban Cristian Iriarte diciendo de lo manipulado de este resultado y en
directo se pudo apreciar como al verse descubierto lo único que logró hacer fue
amenazar y decir que una persona que pensara así no podía estar en la empresa,
¿ si no tenían nada que ocultar, porque no hicieron nuevas votaciones o en
directo hacer una nueva consulta?; desde ese incidente las preguntas que se
formulan a quien se hace pasar por presidente de la empresa, son filtradas y
resueltas antes de la transmisión en directo para evitar que dejen en aprietos
a este personajillo.
Continuaron
difuminando nuestra marca, pagando con dineros de UNE EPM Telecomunicaciones
S.A la publicidad para Tigo, pero para UNE no se podía hacer porque eso
confundía a los usuarios, Luego decidieron eliminar el color rojo de UNE, para
adaptarnos al azul y cuando dieran el zarpazo final no encontraran resistencia.
Muchos de nuestros usuarios que continúan fieles tienen más sentido de pertenencia
que muchos empleados que por temor a ser despedidos se prestan para todas las
“manifestaciones de orgullo por la marca Tigo”. Esperamos que los verdaderos
dueños de la empresa, la comunidad, frente a estos hechos tan escabrosos le
pase cuenta de cobro a nuestros imbéciles y estúpidos politiqueros de turno que
los ponen en la palestra pública como los cómplices de decisiones tan
indefendibles, como quiera que no tuvieran la más mínima decencia, que nunca
poseerán, pues nos impusieron a unos estafadores de talla mundial
Sea
este el momento de poner en conocimiento amplio y bien difundido, a todos los
colombianos y al mundo entero, de todas las investigaciones que pesan a nivel
internacional contra una marca que solo da vergüenza, en otros países en donde
ya se cansaron de las tan cacareadas y resonadas alianzas con la peor calaña de
embaucadores que recorre nuestro
continente, y que ha sido sacada, en bombas de fuego, de África. La corrupción de Millicom con su marca
Tigo, recorre a América Latina, y está siendo evidenciada por quienes si
tienen un orgullo patrio tras de sí.
“Un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de
haberlo hecho”
Lucio Anneo Séneca
JUNTA DIRECTIVA JUNTA
DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA
UNITRATEL UNIGEEP SINTRAUNE_EPM
A continuación presentamos, la recopilación de algunos de los muchos escándalos en los que está comprometida la marca Tigo, y todos los estafadores
que la representan. Al final encontrarán los vínculos de los artículos
expuestos.
Fiscalía
de Guatemala y misión de la ONU piden antejuicio contra candidato oficialista a
la presidencia
"Desde la Vicepresidencia, el dinero era
repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre
ellos como 'jefes de línea' o 'brochas' (...) lo cual permitió aprobar determinados
paquetes de leyes", dijo la CICIG en un comunicado.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y la fiscalía dijeron que el candidato Estuardo Galdámez,
seis diputados y el ministro de Economía, coordinaron la aprobación y reparto
de coimas para 62 diputados por US$7.5 millones.
07 de Mayo de 2019, 09:59
Ciudad de Guatemala. La fiscalía de Guatemala y una misión de Naciones
Unidas en el país solicitaron este lunes antejuicio contra Estuardo
Galdámez, candidato a la presidencia, seis diputados y el ministro de Economía
por su posible participación delitos de corrupción.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y la fiscalía dijeron que los ocho funcionarios coordinaron
la aprobación y reparto de coimas para 62 diputados entre 2012-2015 por US$7.5
millones.
"Desde la Vicepresidencia, el dinero era
repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre
ellos como 'jefes de línea' o 'brochas' (...) lo cual permitió aprobar determinados
paquetes de leyes", dijo la CICIG en un comunicado.
Los diputados recibieron dinero para aprobar una
ley de telecomunicaciones para favorecer a la empresa Tigo, subsidiaria de
Millicom, y la elección de altos funcionarios para controlar las Cortes del
país. Los pagos fueron operados en un inicio por la exvicepresidenta del país
Roxana Baldetti.
Los diputados recibieron dinero para aprobar una
ley de telecomunicaciones para favorecer a la empresa Tigo, subsidiaria de
Millicom, y la elección de altos funcionarios para controlar las Cortes del
país.
Durante la investigación Tigo promovió una serie de
impugnaciones, denuncias penales contra fiscales que destaparon el caso, entre
otros mecanismos de protección.
Galdámez, representantes del partido oficialista y
la empresa señalada no respondieron de inmediato a solicitudes de información
de Reuters. Los delitos que se les atribuyen son: lavado de dinero, cohecho
pasivo y violación a la Constitución.
La CICIG, un ente respaldado por la ONU, y la fiscalía
también pidieron antejuicios contra seis diputados más y contra el ministro de
Economía, Acisclo Valladares Urruela, por los delitos de lavado de dinero,
cohecho pasivo y violación a la Constitución.
Guatemala celebrará en junio elecciones generales
en medio de escándalos de corrupción y narcotráfico. El mes pasado otro de los
candidatos presidenciales fue detenido en Estados Unidos acusado de hacer
tratos con el cartel de Sinaloa en México.
Tres países investigan al multimillonario dueño de Tigo
Mario López Estrada es el empresario más millonario
(e influyente) de Guatemala. Se atribuye a sus empleados el cabildeo para vetar
impuestos, leyes a su medida y apoyos poco transparentes a políticos, sin que
hasta la fecha la justicia haya tocado a su puerta. Su fortuna ha crecido de la
mano de decisiones gubernamentales y es por esos mismos favores que hoy
Guatemala, Estados Unidos y Paraguay lo están investigando, a él y sus
empresas. ¿Alcanzará el tsunami al mayor ganador del viejo sistema guatemalteco?
Mario López, durante
una inauguración en 2015.
La historia de Tigo y de Mario López Estrada es sin
duda uno de los casos más impresionantes de éxito empresarial en el país. Es la
historia de un hombre que superó en fortuna a miembros de las familias que
tradicionalmente han ostentado el poder económico. Un mes antes de la caída del
Partido Patriota, en febrero de 2015, López Estrada entró oficialmente en la
lista de Forbes de las 2 mil personas más ricas del mundo.
Los medios especializados en finanzas y economía
corrieron a buscar al primer billonario centroamericano. En esas entrevistas,
de las pocas que concede y nunca a un medio nacional, él gustaba comparar su
carrera con la de un alpinista que no se detiene hasta llegar a la cumbre. Lo
que nunca mencionó es que para lograrlo ha necesitado de una mano muy visible
que le ayude dentro del mercado, la mano del Estado.
Parte 1: Los favores
por los que podría ser investigado
Antes de consolidar su poder durante el gobierno
del Partido Patriota, Mario López y su empresa ya habían sido involucrados en
dos casos de favores políticos. Y de los dos salió indemne.
1) En 1991 se acusó al entonces presidente Vinicio
Cerezo de haber cometido varios delitos por la sospecha de que él y sus
funcionarios tenían acciones en Comcel, la empresa a la que le habían entregado
el monopolio de la telefonía móvil. El caso nunca prosperó debido a la
inmunidad que gozaba Vinicio Cerezo como diputado al Parlacen. Su ministro de
Comunicaciones, Mario López Estrada, a la largá se convertiría en el accionista
más poderoso de esa compañía de teléfonos. Él aseguró en una entrevista en
Paraguay que entró en el negocio hasta después de haber sido ministro, “como
cuatro años después, cuando surge la telefonía celular, allá por los años 1993
y 1994”. En realidad fueron dos años después. En realidad la concesión a Comcel
fue en el tiempo en el que fue ministro.
2) En 2005 se abrió una investigación al salir a
luz varios cheques por Q.3.5 Millones que Comcel erortó a la campaña del
expresidente Alfonso Portillo. El entonces vicepresidente de Millicom, David
Kimche, reconoció el financiamiento* al candidato Portillo. “Ley de
Telecomunicaciones impulsada por Álvaro Arzú era injusta con nuestra empresa en
Guatemala porque no le permitía competir en iguales condiciones y por eso
apoyamos al otro candidato”. Ya en la Presidencia, Portillo les devolvió el
favor. Redujo a COMCEL el pago de utilidades del 10% al 5% y les concedió la
banda B. Consultado al respecto, el exmandatario Portillo respondió: –No tengo
información fresca de ese caso, además el MP hizo la investigación y la cerró.
Por su parte, Manuel Sisniega, director de Asuntos Corporativos de Tigo,
sostiene: –Todas las actuaciones fueron en el marco de la ley-.
El último gran
aliado del PP
Si un gobierno fue favorable y propició la consolidación
de los negocios de Mario López, fue el gobierno del cártel del PP.
Más de una vez las cámaras retrataron juntos a
presidente Otto Pérez Molina y al empresario Mario López Estrada. El magnate lo
invitaba frecuentemente a participar en eventos como la inauguración de
escuelas reconstruidas o equipadas por la Fundación Tigo o bien, en la apertura
de la planta solar más grande del istmo, Horus Energy, del grupo Onix. Pérez
Molina ganó algo más que exposición, gracias al apoyo del magnate logró aferrarse
unos días más a la Presidencia en momentos en los que el MP, la CICIG y los
ciudadanos pedían su captura y su renuncia.
El entonces
presidente habla con el magnate de la telefonía.
Durante el gobierno de Pérez Molina, la empresa de
Mario López Estrada recibió lo que podría considerarse cuatro grandes favores:
1. En 2012 el Congreso, sin licitar, le prorrogó a
Tigo el uso del ancho de banda por 20** años más.
2. En 2014 el Ministerio de Gobernación le otorgó
un contrato por más de Q1 mil millones para colocar cámaras de vigilancia en 6
municipios. Ese contrato, dado sin licitar, equivalía al 85% de lo que Tigo
había recibido en licitaciones desde 2006 y convirtió a la empresa en la
proveedora telefónica número 1 del Estado. Byron Lima, cuando se sintió
traicionado por Mauricio López Bonilla, dijo que este era uno de los tantos
negocios por los que había que investigar al ex de Gobernación.
3. En 2014 recibió su regalo más grande, la Ley de
Control de Telecomunicaciones, mejor conocida como “Ley Tigo”, que le permitió
colocar antenas y cableados sin control ni contrapesos municipales. Fue esa ley
la que puso en evidencia el poder de la empresa de Mario López sobre la
política y la que le atrajo las nuevas investigaciones.
4. Le permitió colocar al frente del Programa de
Competitividad a Acisclo Valladares Urruela, director de asuntos corporativos
de Tigo, en vez de un delegado del sector privado tradicional, el CACIF, del
cual Tigo no es parte. Jimmy Morales, espoleado por Estados Unidos, mantuvo en
el puesto a Acisclo Valladores.
Una ley a la medida,
un modus operandi
Era obvio que el 8 de abril de 2014 alguien había
movido a su voluntad a los diputados del Congreso. LIDER aceptó suspender una
interpelación de su entonces enemigo para dar paso a la aprobación, por
urgencia nacional, de la Ley de Control de Telecomunicaciones. Nadie discute,
ni dice nada. En cuestión de hora y media 103 diputados, sobre todo de PP,
LIDER, CREO y TODOS, aprueban la iniciativa impulsada por los diputados Edgar
Cristiani, Manuel Barquín y Valentín Gramajo. Los primeros dos hoy tienen
procesos legales por casos de corrupción.
La ley se promocionó como una medida para
responsabilizar penalmente a las telefónicas en caso de no bloquear la señal en
las cárceles. Pero sólo 1 de los 17 artículos de la ley estaban relacionados
con el bloqueo de señales en las cárceles para evitar las extorsiones. El resto
estaban enfocados en eliminar cualquier obstáculo en contra de la instalación
de antenas y cualquier otra infraestructura telefónica.
Tigo, desde 2012, sabía que la única forma de
pelear en el mercado con Claro y Telefónica era ampliar el portafolio de
servicios. Ofrecer cable, internet y telefonía residencial. Sin embargo su
problema era que hacerlo por la vía inalámbrica subía demasiado los costos y
hacerlo con una red de fibra, significaba tener que negociar con cada
municipalidad.
Ricardo Flores, exgerente de telefonía de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, recuerda que recibían quejas “en todo
momento. Los alcaldes llegaban a pedir desde Q300 mil por cada antena hasta Q1
millón. Luego, tenían que negociar con los Consejos de Desarrollo y después
pagarle a los vecinos. Por eso es que Guatemala, aún hoy, es uno de los países
con menor infraestructura”. Con la nueva ley ya no fue necesario negociar con
los alcaldes. Bastaba una solicitud ante la Superintendencia de
Telecomunicaciones para hacer las instalaciones.
La medida, sin embargo, no fue bien acogida.
Incluso el hoy presidente del Congreso, Mario Taracena, llegó a afirmar que en
esa aprobación “hubo dinero de por medio, mucho dinero. En estos momentos ya
están poniendo cientos de antenas; ya es tarde para oponerse. Se habla de pagos
de Q25 mil mensuales por diputado de (parte de) las empresas del sector”. Al respecto
Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de Tigo, señala que hasta el
momento no tienen conocimiento de alguna denuncia relacionada con la compra de
voluntades y asegura que “todos estos señalamientos están basados en rumores o
suposiciones”.
En efecto, desde el día que se aprobó la ley ya
habían empresas instalando antenas y fibrado, empresas que han tenido como
clientes a Tigo. Y la venta de servicios de internet, cable y las cámaras de
seguridad ya reportan más ganancias para Tigo que la venta de minutos de
teléfono, como reportó en su informe anual a Suecia.
Un día después de la aprobación de la segunda ley
Tigo en 2015 (y con el decreto equivocado), una subsidiaria empezó a instalar
postes.
Un día después de la aprobación de la ley Tigo de
2015, una subsidiaria empezó a instalar postes.
Casi 50 protestas legales se presentaron ante la
Corte de Constitucionalidad contra la nueva ‘ley Tigo’, que tardó 2 años en
pronunciarse. Era la Corte de mayoría de Alejandro Maldonado, Roberto Molina Barreto
y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Cuando la CC se pronunció, en marzo de este año,
botó la ley no por su contenido sino por la forma en que fue aprobada. El
Congreso la aprobó con dos votos menos de los 105 que requiere una aprobación
de urgencia nacional. Por ese error de procedimiento se podía haber abierto una
causa penal en contra de los diputados, pero eso nunca sucedió.
Aún y con la ley
anulada, la telefónica Tigo ya había conseguido dos grandes objetivos.
1) Instalar la infraestructura necesaria para
ampliar su cobertura. Tigo es la telefónica con más cobertura y clientes en el
país. En dos años la SIT respondió a Nómada que autorizó la instalación de 145
antenas y más de 51 mil postes. Sólo el primer día que entró en vigencia la
ley, la SIT recibió 600 solicitudes. Cuatro meses después, Tigo estaba lanzando
TigoStar, su oferta de cable, internet y telefonía residencial con la que entró
a competirle a Casa Claro. Manuel Sisniega, director de Asuntos Coporativos de
Tigo, sólo reconoce haber hecho 8 solicitudes para instalar antenas pero
explica que durante el periodo en que estuvo en vigencia la ley “realizamos la
instalación de más de 1,000 “antenas o radiobases” actuando con base en
regulación no basada en el Decreto 12-2014”.
2) El segundo resultado de la ley no fue económico
sino represivo. La ley penalizaba la oposición contra de la instalación de
infraestructura y eso incluía a la población que se resistiera a tener una
antena cerca de su casa. Los casos más notorios fueron los de Fabiana Menchú y
Carolina Cabrera, dos señoras de avanzada edad de Quetzaltenango que llegaron a
ser demandadas por el Ministerio Público por oponerse a la instalación de una
antena en su comunidad. Aunque fueron los casos más destacados, otras nueve
personas enfrentaron proceso penales por su oposición a la instalación de
infraestructura.
Sólo hubo un hecho en que la ley afectó a las
empresas telefónicas. Fue la multa por Q6 millones que la SIT le puso a las
empresas por no cumplir con el bloqueo de la señal en los centros
penitenciarios tal y como lo establece la ley. Ello fue en marzo de 2015,
litigaron en tribunales hasta que la ley fue declarada inconstitucional,
librándose del pago.***
Parte 2: Las tres
investigaciones
La investigación
estadounidense
Todo empezó cuando la empresa sueca, Millicom,
propietaria mayoritaria de Tigo –aunque sin el control operativo, en manos de
Mario López– denunció en octubre de 2015 a sus socios guatemaltecos por
“posibles pagos indebidos”, es decir, por sospechas de sobornos. Aunque nunca
se habló de un caso en particular, se especulaba que estaban relacionados con
la “Ley Tigo” o las concesiones de las bandas de telefonía celular. La firma no
quiso explicar más y sólo se limitó a decir que cooperaría con las autoridades
estadounidenses y suecas para aportar información.
Las investigaciones duraron nueve meses hasta que a
principios de julio de este año, en otro comunicado, Millicom afirmó que en
Suecia no habían encontrado evidencia de que Tigo incurrieran en anomalías y
por ello el caso que llevaba la fiscalía sueca había sido cerrado. En el mismo
comunicado, el gerente ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, aclara que la
investigación a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue
abierta.
Para Estados Unidos es importante investigar a Tigo
porque cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Esto no ha impedido que
Mario López y la embajada de Estados Unidos inauguren juntos proyectos entre la
Fundación Tigo y la cooperación de ese país.
La investigación
guatemalteca
Una fuente de Nómada en el Congreso confirmó que se
recibió, en abril de 2016, una notificación de parte de la Intendencia de
Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos para requerir
información sobre el proceso de aprobación de la “Ley Tigo”, de las antenas y
los cableados, ante indicios de posible lavado de dinero.
De parte de los entes investigadores, el hermetismo
es total. Corina Ardón, vocera de la Superintendencia de Bancos, respondió que
no pueden dar información ya que por ley, este tipo de actuaciones no son de
carácter público. Mientras tanto, el Ministerio Público se limitó a decir que
si hubiera una investigación por lavado, esta estaría bajo reserva para no
entorpecer el proceso.
El otro actor involucrado, el presidente del
Congreso, Mario Taracena, niega la investigación.
– ¿Cuál es esa ‘Ley Tigo’?, respondió Taracena con
una pregunta.
Se le recordó que era la de las antenas y los
cableados aprobada en 2014.
– Nunca he recibido tal solicitud (de la IVE). Esas
son cosas que La Hora (el primer medio en publicarlo) no sé de dónde se las
saca. Y sólo quiero recordarle que nosotros, la UNE, no participamos de esa
votación.
Los mismos ejecutivos de Tigo afirman desconocer
una investigación de parte de la IVE, pero una segunda fuente gubernamental de
Nómada lo confirma.
La investigación
paraguaya
Los negocios del megaempresario López Estrada se ha
extendido más allá de las fronteras guatemaltecas. En Paraguay, por ejemplo, se
ha convertido en un empresario notorio al estar al frente de la mayor inversión
privada que se ha hecho en dicho país. El complejo Paseo La Galería, inaugurado
en mayo en su primera fase, representó una inversión de US$200 millones.
Las acusaciones son
menores que en Guatemala o Estados Unidos.
Esa obra puso de manifiesto el poder del
empresario. Pero también de la oposición legal en su contra. En abril de este
año, la firma Arleck S.A., por medio de su abogado Roberto Correa Cuyer,
presentó una denuncia penal en contra de Mario López Estrada y sus socios
paraguayos Juan y Fernando Talavera Gustale, por haber comprado la voluntad de
seis jueces a cambio de que estos fallaran en favor de sus intereses.
Los acusa de evadir el pago de una millonaria
indemnización que debían a Arleck S.A. por daños y perjuicios, cuando rompieron
la relación de socios. Además, un concejal de la alcaldía capitalina de
Asunción, solicitó información sobre la aprobación de los planos del complejo.
Esto, luego que un ciudadano se quejara de que no había acceso para personas
discapacitadas tal y como exigen los reglamentos locales. La sospecha del
concejal Carlos Arregui es que hubo sobornos a cambio de la autorización de los
planos.
Una tercera investigación inició debido a las
anomalías del proceso con el que la empresa Siena S.A., de López Estrada,
compró un inmueble propiedad de la Dirección de Aeronáutica. Sindicalistas
acusaban que el concurso había sido hecho a la medida del guatemalteco, incluso
vendiéndolo por una cifra mucho menor a su valor de mercado. Una carta de mayo
de 2015, del senador Arnoldo Wiens muestra que el proceso ya estaba en la mira
de las autoridades por corrupción.
López Estrada es tan importante en el país
suramericano que su hijo, Mario López Pérez, fue nombrado por Paraguay como su
cónsul honorario en Guatemala.
Parte 3: El futuro
Las tres investigaciones que están en marcha
tendrán una tarea ardua para poder rastrear el flujo de capitales debido al
entramado de negocios de Mario López Estrada. Grupo Onyx es la corporación que
representa al menos al 30 de sus empresas, que van desde el sector de la
construcción, hasta la telefonía y el mercado energético.
Además, sus capitales también se mueven a través de
al menos 10 offshores inscritas en Panamá. Son los casos de Tum 48,
Miffin Asociates Corp, Zinnias Assets Investments, Edilton Service Corp, Gibson
Assets, Blue Shore, Coconut Investments, Inversiones Grandall, Key Coconut
Investments y MM Lopez Landscaping.
En cada una de ellas, los puestos administrativos
se rotan entre Mario López Estrada, su esposa y sus hijos. La única persona
ajena a la familia con presencia en estas empresas es el gerente general de
Tigo, Luis Fernando Valladares Guillén.****
En una entrevista para ABC de Paraguay, López
Estrada fue cuestionado directamente sobre si estaría lavando dinero. Ésta fue
su respuesta:
–Hoy día el lavado de dinero se ha vuelto muy
difícil, porque todos los movimientos financieros que se hacen de un país a
otro tienen que pasar forzosamente por bancos americanos, y en ese momento se
deja un rastro. Entonces, para un emprendimiento de esta envergadura, yo tengo
que ser capaz de justificar el origen de los recursos. Alguien como yo no
podría lavar dinero en algo así.
¿Y Jimmy, estará con
Tigo?
Tigo y las empresas de Mario López ya salieron avantes
de una investigación, la sueca. Deben enfrentar demandas en otros tres países,
Estados Unidos, Paraguay y Guatemala. El país en donde la situación es “más
difícil”, por la lucha contra la impunidad en la que está encarrilado, es
Guatemala. Pero no sólo debe estar pendiente de superar demandas. Además, Tigo
debe asegurar que no se afecten sus intereses y sus posibilidades de mercado en
cuando salga al mercado una nueva banda, la 4G de telefonía, que disputan con
Claro y Telefónica.
El gobierno de Jimmy Morales será el que decida si
se saca a licitación, si se reparte a partes iguales entre las tres empresas de
telefonía o si opta por entregarlos, como quería Tigo el año pasado,
directamente a la empresa de Mario López Estrada. En ese momento se verá si
Jimmy Morales, como Vinicio Cerezo, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina,
también está contigo.
Tigo envió una carta de aclaración a este
reportaje. Tiene razón en varios puntos (corregidos en esta nota) y en otros
puntos no la tiene. Aquí un enlace a la nota de seguimiento.
Correcciones hechas el 9 de agosto.
* Decía financiamiento ilegal cuando debía decir
financiamiento.
** Decía 25 años cuando debía decir 20 años.
*** Decía: “Ello fue en marzo de 2015 pero hasta la
fecha no han pagado porque siguen peleándolo en tribunales”.
**** Por un error se había consignado que Luis
Valladares ya no era CEO y era diputado. El diptuado de TODOS es su hermano,
José Rodrigo Valladares.
¡Qué joyita la que nos trajo el cínico Aníbal Gaviria Correa, y su
escudero y socio de fechorías, Juan Esteban Calle Restrepo¡
- https://www.youtube.com/watch?v=K1tFlv5pO44&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=RI3WmJqX7F0&feature=youtu.be
- https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/fiscalia-de-guatemala-y-mision-de-la-onu-piden-antejuicio-contra
- https://nomada.gt/pais/tres-paises-investigan-al-multimillonario-dueno-de-tigo/
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