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martes, 4 de junio de 2019

La corrupción de Millicom con su marca Tigo, recorre a América Latina


La corrupción de Millicom con su marca Tigo, recorre a América Latina

El Señor Alcalde de Medellín, concejales y junta directiva de EPM no se inmutan frente a esta otra gravísima vileza, Millicom nos ha robado la marca UNE para imponer la suya, Tigo. Esto se veía venir desde que el multi-investigado Aníbal Gaviria Correa, y su séquito Juan Esteban Calle Restrepo, les entregaran UNE EPM Telecomunicaciones S.A. a los defraudadores agentes de esa multinacional mediante un ardid lleno de actos punibles y acciones delincuenciales.

La idea de los timadores de Millicom es posicionar a Tigo pero con el trabajo de las demás empresas y así lo ha hecho en diferentes países de África y América Latina, en Colombia con su llegada en 2006 cuando siendo el único proponente y sin pagar un solo peso se hizo al 50 + 1 de las acciones de la empresa OLA, a pesar de haber “comprado con la cédula” , de inmediato anunció un cambio extremo e impuso su marca. En 2013, sin importar sus antecedentes de mala paga, lograron de forma ilegal y nuevamente sin realizar aportes en dinero se hicieron al manejo de un capital 100% público.

El pobre argumento que dan para la “unificación de la marca” es que supuestamente UNE no era reconocida ni siquiera en nuestro país; la realidad es que en 2014 se realizó estudio de marca en el cual UNE superó a TIGO, por eso decidieron emprender la voraz campaña de ocultamiento y debilitamiento de nuestra marca, UNE. Iniciaron con  una votación interna en la cual ganó la opción UNE TIGO,  pero muy sospechosamente los resultados cambiaron y resultó “ganando” la opción TIGO UNE;  un valeroso empleado le escribió a Esteban Cristian Iriarte diciendo de lo manipulado de este resultado y en directo se pudo apreciar como al verse descubierto lo único que logró hacer fue amenazar y decir que una persona que pensara así no podía estar en la empresa, ¿ si no tenían nada que ocultar, porque no hicieron nuevas votaciones o en directo hacer una nueva consulta?; desde ese incidente las preguntas que se formulan a quien se hace pasar por presidente de la empresa, son filtradas y resueltas antes de la transmisión en directo para evitar que dejen en aprietos a este personajillo.

Continuaron difuminando nuestra marca, pagando con dineros de UNE EPM Telecomunicaciones S.A la publicidad para Tigo, pero para UNE no se podía hacer porque eso confundía a los usuarios, Luego decidieron eliminar el color rojo de UNE, para adaptarnos al azul y cuando dieran el zarpazo final no encontraran resistencia. Muchos de nuestros usuarios que continúan fieles tienen más sentido de pertenencia que muchos empleados que por temor a ser despedidos se prestan para todas las “manifestaciones de orgullo por la marca Tigo”. Esperamos que los verdaderos dueños de la empresa, la comunidad, frente a estos hechos tan escabrosos le pase cuenta de cobro a nuestros imbéciles y estúpidos politiqueros de turno que los ponen en la palestra pública como los cómplices de decisiones tan indefendibles, como quiera que no tuvieran la más mínima decencia, que nunca poseerán, pues nos impusieron a unos estafadores de talla mundial

Sea este el momento de poner en conocimiento amplio y bien difundido, a todos los colombianos y al mundo entero, de todas las investigaciones que pesan a nivel internacional contra una marca que solo da vergüenza, en otros países en donde ya se cansaron de las tan cacareadas y resonadas alianzas con la peor calaña de embaucadores  que recorre nuestro continente, y que ha sido sacada, en bombas de fuego, de África. La corrupción de Millicom con su marca Tigo, recorre a América Latina, y está siendo evidenciada por quienes si tienen un orgullo patrio tras de sí.


“Un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de haberlo hecho”
Lucio Anneo Séneca


JUNTA DIRECTIVA           JUNTA DIRECTIVA               JUNTA DIRECTIVA
UNITRATEL                     UNIGEEP                       SINTRAUNE_EPM


A continuación presentamos, la recopilación de algunos de los muchos escándalos en los que está comprometida la marca Tigo, y todos los estafadores que la representan. Al final encontrarán los vínculos de los artículos expuestos.

Fiscalía de Guatemala y misión de la ONU piden antejuicio contra candidato oficialista a la presidencia

"Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como 'jefes de línea' o 'brochas' (...) lo cual permitió aprobar determinados paquetes de leyes", dijo la CICIG en un comunicado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía dijeron que el candidato Estuardo Galdámez, seis diputados y el ministro de Economía, coordinaron la aprobación y reparto de coimas para 62 diputados por US$7.5 millones.
07 de Mayo de 2019, 09:59

Ciudad de Guatemala. La fiscalía de Guatemala y una misión de Naciones Unidas en el país solicitaron este lunes antejuicio contra Estuardo Galdámez, candidato a la presidencia, seis diputados y el ministro de Economía por su posible participación delitos de corrupción.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía dijeron que los ocho funcionarios coordinaron la aprobación y reparto de coimas para 62 diputados entre 2012-2015 por US$7.5 millones.

"Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como 'jefes de línea' o 'brochas' (...) lo cual permitió aprobar determinados paquetes de leyes", dijo la CICIG en un comunicado.

Los diputados recibieron dinero para aprobar una ley de telecomunicaciones para favorecer a la empresa Tigo, subsidiaria de Millicom, y la elección de altos funcionarios para controlar las Cortes del país. Los pagos fueron operados en un inicio por la exvicepresidenta del país Roxana Baldetti.

Los diputados recibieron dinero para aprobar una ley de telecomunicaciones para favorecer a la empresa Tigo, subsidiaria de Millicom, y la elección de altos funcionarios para controlar las Cortes del país.

Durante la investigación Tigo promovió una serie de impugnaciones, denuncias penales contra fiscales que destaparon el caso, entre otros mecanismos de protección.

Galdámez, representantes del partido oficialista y la empresa señalada no respondieron de inmediato a solicitudes de información de Reuters. Los delitos que se les atribuyen son: lavado de dinero, cohecho pasivo y violación a la Constitución.

La CICIG, un ente respaldado por la ONU, y la fiscalía también pidieron antejuicios contra seis diputados más y contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y violación a la Constitución.

Guatemala celebrará en junio elecciones generales en medio de escándalos de corrupción y narcotráfico. El mes pasado otro de los candidatos presidenciales fue detenido en Estados Unidos acusado de hacer tratos con el cartel de Sinaloa en México.

Tres países investigan al multimillonario dueño de Tigo

Mario López Estrada es el empresario más millonario (e influyente) de Guatemala. Se atribuye a sus empleados el cabildeo para vetar impuestos, leyes a su medida y apoyos poco transparentes a políticos, sin que hasta la fecha la justicia haya tocado a su puerta. Su fortuna ha crecido de la mano de decisiones gubernamentales y es por esos mismos favores que hoy Guatemala, Estados Unidos y Paraguay lo están investigando, a él y sus empresas. ¿Alcanzará el tsunami al mayor ganador del viejo sistema guatemalteco?

Mario López, durante una inauguración en 2015.

La historia de Tigo y de Mario López Estrada es sin duda uno de los casos más impresionantes de éxito empresarial en el país. Es la historia de un hombre que superó en fortuna a miembros de las familias que tradicionalmente han ostentado el poder económico. Un mes antes de la caída del Partido Patriota, en febrero de 2015, López Estrada entró oficialmente en la lista de Forbes de las 2 mil personas más ricas del mundo.

Los medios especializados en finanzas y economía corrieron a buscar al primer billonario centroamericano. En esas entrevistas, de las pocas que concede y nunca a un medio nacional, él gustaba comparar su carrera con la de un alpinista que no se detiene hasta llegar a la cumbre. Lo que nunca mencionó es que para lograrlo ha necesitado de una mano muy visible que le ayude dentro del mercado, la mano del Estado.

Parte 1: Los favores por los que podría ser investigado

Antes de consolidar su poder durante el gobierno del Partido Patriota, Mario López y su empresa ya habían sido involucrados en dos casos de favores políticos. Y de los dos salió indemne.

1) En 1991 se acusó al entonces presidente Vinicio Cerezo de haber cometido varios delitos por la sospecha de que él y sus funcionarios tenían acciones en Comcel, la empresa a la que le habían entregado el monopolio de la telefonía móvil. El caso nunca prosperó debido a la inmunidad que gozaba Vinicio Cerezo como diputado al Parlacen. Su ministro de Comunicaciones, Mario López Estrada, a la largá se convertiría en el accionista más poderoso de esa compañía de teléfonos. Él aseguró en una entrevista en Paraguay que entró en el negocio hasta después de haber sido ministro, “como cuatro años después, cuando surge la telefonía celular, allá por los años 1993 y 1994”. En realidad fueron dos años después. En realidad la concesión a Comcel fue en el tiempo en el que fue ministro.

2) En 2005 se abrió una investigación al salir a luz varios cheques por Q.3.5 Millones que Comcel erortó a la campaña del expresidente Alfonso Portillo. El entonces vicepresidente de Millicom, David Kimche, reconoció el financiamiento* al candidato Portillo. “Ley de Telecomunicaciones impulsada por Álvaro Arzú era injusta con nuestra empresa en Guatemala porque no le permitía competir en iguales condiciones y por eso apoyamos al otro candidato”. Ya en la Presidencia, Portillo les devolvió el favor. Redujo a COMCEL el pago de utilidades del 10% al 5% y les concedió la banda B. Consultado al respecto, el exmandatario Portillo respondió: –No tengo información fresca de ese caso, además el MP hizo la investigación y la cerró. Por su parte, Manuel Sisniega, director de Asuntos Corporativos de Tigo, sostiene: –Todas las actuaciones fueron en el marco de la ley-.

El último gran aliado del PP

Si un gobierno fue favorable y propició la consolidación de los negocios de Mario López, fue el gobierno del cártel del PP.

Más de una vez las cámaras retrataron juntos a presidente Otto Pérez Molina y al empresario Mario López Estrada. El magnate lo invitaba frecuentemente a participar en eventos como la inauguración de escuelas reconstruidas o equipadas por la Fundación Tigo o bien, en la apertura de la planta solar más grande del istmo, Horus Energy, del grupo Onix. Pérez Molina ganó algo más que exposición, gracias al apoyo del magnate logró aferrarse unos días más a la Presidencia en momentos en los que el MP, la CICIG y los ciudadanos pedían su captura y su renuncia.

El entonces presidente habla con el magnate de la telefonía.

Durante el gobierno de Pérez Molina, la empresa de Mario López Estrada recibió lo que podría considerarse cuatro grandes favores:

1. En 2012 el Congreso, sin licitar, le prorrogó a Tigo el uso del ancho de banda por 20** años más.

2. En 2014 el Ministerio de Gobernación le otorgó un contrato por más de Q1 mil millones para colocar cámaras de vigilancia en 6 municipios. Ese contrato, dado sin licitar, equivalía al 85% de lo que Tigo había recibido en licitaciones desde 2006 y convirtió a la empresa en la proveedora telefónica número 1 del Estado. Byron Lima, cuando se sintió traicionado por Mauricio López Bonilla, dijo que este era uno de los tantos negocios por los que había que investigar al ex de Gobernación.

3. En 2014 recibió su regalo más grande, la Ley de Control de Telecomunicaciones, mejor conocida como “Ley Tigo”, que le permitió colocar antenas y cableados sin control ni contrapesos municipales. Fue esa ley la que puso en evidencia el poder de la empresa de Mario López sobre la política y la que le atrajo las nuevas investigaciones.

4. Le permitió colocar al frente del Programa de Competitividad a Acisclo Valladares Urruela, director de asuntos corporativos de Tigo, en vez de un delegado del sector privado tradicional, el CACIF, del cual Tigo no es parte. Jimmy Morales, espoleado por Estados Unidos, mantuvo en el puesto a Acisclo Valladores.

Una ley a la medida, un modus operandi

Era obvio que el 8 de abril de 2014 alguien había movido a su voluntad a los diputados del Congreso. LIDER aceptó suspender una interpelación de su entonces enemigo para dar paso a la aprobación, por urgencia nacional, de la Ley de Control de Telecomunicaciones. Nadie discute, ni dice nada. En cuestión de hora y media 103 diputados, sobre todo de PP, LIDER, CREO y TODOS, aprueban la iniciativa impulsada por los diputados Edgar Cristiani, Manuel Barquín y Valentín Gramajo. Los primeros dos hoy tienen procesos legales por casos de corrupción.

La ley se promocionó como una medida para responsabilizar penalmente a las telefónicas en caso de no bloquear la señal en las cárceles. Pero sólo 1 de los 17 artículos de la ley estaban relacionados con el bloqueo de señales en las cárceles para evitar las extorsiones. El resto estaban enfocados en eliminar cualquier obstáculo en contra de la instalación de antenas y cualquier otra infraestructura telefónica.

Tigo, desde 2012, sabía que la única forma de pelear en el mercado con Claro y Telefónica era ampliar el portafolio de servicios. Ofrecer cable, internet y telefonía residencial. Sin embargo su problema era que hacerlo por la vía inalámbrica subía demasiado los costos y hacerlo con una red de fibra, significaba tener que negociar con cada municipalidad.

Ricardo Flores, exgerente de telefonía de la Superintendencia de Telecomunicaciones, recuerda que recibían quejas “en todo momento. Los alcaldes llegaban a pedir desde Q300 mil por cada antena hasta Q1 millón. Luego, tenían que negociar con los Consejos de Desarrollo y después pagarle a los vecinos. Por eso es que Guatemala, aún hoy, es uno de los países con menor infraestructura”. Con la nueva ley ya no fue necesario negociar con los alcaldes. Bastaba una solicitud ante la Superintendencia de Telecomunicaciones para hacer las instalaciones.

La medida, sin embargo, no fue bien acogida. Incluso el hoy presidente del Congreso, Mario Taracena, llegó a afirmar que en esa aprobación “hubo dinero de por medio, mucho dinero. En estos momentos ya están poniendo cientos de antenas; ya es tarde para oponerse. Se habla de pagos de Q25 mil mensuales por diputado de (parte de) las empresas del sector”. Al respecto Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de Tigo, señala que hasta el momento no tienen conocimiento de alguna denuncia relacionada con la compra de voluntades y asegura que “todos estos señalamientos están basados en rumores o suposiciones”.

En efecto, desde el día que se aprobó la ley ya habían empresas instalando antenas y fibrado, empresas que han tenido como clientes a Tigo. Y la venta de servicios de internet, cable y las cámaras de seguridad ya reportan más ganancias para Tigo que la venta de minutos de teléfono, como reportó en su informe anual a Suecia.

Un día después de la aprobación de la segunda ley Tigo en 2015 (y con el decreto equivocado), una subsidiaria empezó a instalar postes.
Un día después de la aprobación de la ley Tigo de 2015, una subsidiaria empezó a instalar postes.

Casi 50 protestas legales se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad contra la nueva ‘ley Tigo’, que tardó 2 años en pronunciarse. Era la Corte de mayoría de Alejandro Maldonado, Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Cuando la CC se pronunció, en marzo de este año, botó la ley no por su contenido sino por la forma en que fue aprobada. El Congreso la aprobó con dos votos menos de los 105 que requiere una aprobación de urgencia nacional. Por ese error de procedimiento se podía haber abierto una causa penal en contra de los diputados, pero eso nunca sucedió.

Aún y con la ley anulada, la telefónica Tigo ya había conseguido dos grandes objetivos.

1) Instalar la infraestructura necesaria para ampliar su cobertura. Tigo es la telefónica con más cobertura y clientes en el país. En dos años la SIT respondió a Nómada que autorizó la instalación de 145 antenas y más de 51 mil postes. Sólo el primer día que entró en vigencia la ley, la SIT recibió 600 solicitudes. Cuatro meses después, Tigo estaba lanzando TigoStar, su oferta de cable, internet y telefonía residencial con la que entró a competirle a Casa Claro. Manuel Sisniega, director de Asuntos Coporativos de Tigo, sólo reconoce haber hecho 8 solicitudes para instalar antenas pero explica que durante el periodo en que estuvo en vigencia la ley “realizamos la instalación de más de 1,000 “antenas o radiobases” actuando con base en regulación no basada en el Decreto 12-2014”.

2) El segundo resultado de la ley no fue económico sino represivo. La ley penalizaba la oposición contra de la instalación de infraestructura y eso incluía a la población que se resistiera a tener una antena cerca de su casa. Los casos más notorios fueron los de Fabiana Menchú y Carolina Cabrera, dos señoras de avanzada edad de Quetzaltenango que llegaron a ser demandadas por el Ministerio Público por oponerse a la instalación de una antena en su comunidad. Aunque fueron los casos más destacados, otras nueve personas enfrentaron proceso penales por su oposición a la instalación de infraestructura.

Sólo hubo un hecho en que la ley afectó a las empresas telefónicas. Fue la multa por Q6 millones que la SIT le puso a las empresas por no cumplir con el bloqueo de la señal en los centros penitenciarios tal y como lo establece la ley. Ello fue en marzo de 2015, litigaron en tribunales hasta que la ley fue declarada inconstitucional, librándose del pago.***

Parte 2: Las tres investigaciones

La investigación estadounidense

Todo empezó cuando la empresa sueca, Millicom, propietaria mayoritaria de Tigo –aunque sin el control operativo, en manos de Mario López– denunció en octubre de 2015 a sus socios guatemaltecos por “posibles pagos indebidos”, es decir, por sospechas de sobornos. Aunque nunca se habló de un caso en particular, se especulaba que estaban relacionados con la “Ley Tigo” o las concesiones de las bandas de telefonía celular. La firma no quiso explicar más y sólo se limitó a decir que cooperaría con las autoridades estadounidenses y suecas para aportar información.

Las investigaciones duraron nueve meses hasta que a principios de julio de este año, en otro comunicado, Millicom afirmó que en Suecia no habían encontrado evidencia de que Tigo incurrieran en anomalías y por ello el caso que llevaba la fiscalía sueca había sido cerrado. En el mismo comunicado, el gerente ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, aclara que la investigación a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue abierta.

Para Estados Unidos es importante investigar a Tigo porque cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Esto no ha impedido que Mario López y la embajada de Estados Unidos inauguren juntos proyectos entre la Fundación Tigo y la cooperación de ese país.

La investigación guatemalteca

Una fuente de Nómada en el Congreso confirmó que se recibió, en abril de 2016, una notificación de parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos para requerir información sobre el proceso de aprobación de la “Ley Tigo”, de las antenas y los cableados, ante indicios de posible lavado de dinero.

De parte de los entes investigadores, el hermetismo es total. Corina Ardón, vocera de la Superintendencia de Bancos, respondió que no pueden dar información ya que por ley, este tipo de actuaciones no son de carácter público. Mientras tanto, el Ministerio Público se limitó a decir que si hubiera una investigación por lavado, esta estaría bajo reserva para no entorpecer el proceso.

El otro actor involucrado, el presidente del Congreso, Mario Taracena, niega la investigación.

– ¿Cuál es esa ‘Ley Tigo’?, respondió Taracena con una pregunta.

Se le recordó que era la de las antenas y los cableados aprobada en 2014.

– Nunca he recibido tal solicitud (de la IVE). Esas son cosas que La Hora (el primer medio en publicarlo) no sé de dónde se las saca. Y sólo quiero recordarle que nosotros, la UNE, no participamos de esa votación.

Los mismos ejecutivos de Tigo afirman desconocer una investigación de parte de la IVE, pero una segunda fuente gubernamental de Nómada lo confirma.

La investigación paraguaya

Los negocios del megaempresario López Estrada se ha extendido más allá de las fronteras guatemaltecas. En Paraguay, por ejemplo, se ha convertido en un empresario notorio al estar al frente de la mayor inversión privada que se ha hecho en dicho país. El complejo Paseo La Galería, inaugurado en mayo en su primera fase, representó una inversión de US$200 millones.
                       
Las acusaciones son menores que en Guatemala o Estados Unidos.

Esa obra puso de manifiesto el poder del empresario. Pero también de la oposición legal en su contra. En abril de este año, la firma Arleck S.A., por medio de su abogado Roberto Correa Cuyer, presentó una denuncia penal en contra de Mario López Estrada y sus socios paraguayos Juan y Fernando Talavera Gustale, por haber comprado la voluntad de seis jueces a cambio de que estos fallaran en favor de sus intereses.

Los acusa de evadir el pago de una millonaria indemnización que debían a Arleck S.A. por daños y perjuicios, cuando rompieron la relación de socios. Además, un concejal de la alcaldía capitalina de Asunción, solicitó información sobre la aprobación de los planos del complejo. Esto, luego que un ciudadano se quejara de que no había acceso para personas discapacitadas tal y como exigen los reglamentos locales. La sospecha del concejal Carlos Arregui es que hubo sobornos a cambio de la autorización de los planos.

Una tercera investigación inició debido a las anomalías del proceso con el que la empresa Siena S.A., de López Estrada, compró un inmueble propiedad de la Dirección de Aeronáutica. Sindicalistas acusaban que el concurso había sido hecho a la medida del guatemalteco, incluso vendiéndolo por una cifra mucho menor a su valor de mercado. Una carta de mayo de 2015, del senador Arnoldo Wiens muestra que el proceso ya estaba en la mira de las autoridades por corrupción.

López Estrada es tan importante en el país suramericano que su hijo, Mario López Pérez, fue nombrado por Paraguay como su cónsul honorario en Guatemala.

Parte 3: El futuro

Las tres investigaciones que están en marcha tendrán una tarea ardua para poder rastrear el flujo de capitales debido al entramado de negocios de Mario López Estrada. Grupo Onyx es la corporación que representa al menos al 30 de sus empresas, que van desde el sector de la construcción, hasta la telefonía y el mercado energético.

Además, sus capitales también se mueven a través de al menos 10 offshores inscritas en Panamá. Son los casos de Tum 48, Miffin Asociates Corp, Zinnias Assets Investments, Edilton Service Corp, Gibson Assets, Blue Shore, Coconut Investments, Inversiones Grandall, Key Coconut Investments y MM Lopez Landscaping.

En cada una de ellas, los puestos administrativos se rotan entre Mario López Estrada, su esposa y sus hijos. La única persona ajena a la familia con presencia en estas empresas es el gerente general de Tigo, Luis Fernando Valladares Guillén.****

En una entrevista para ABC de Paraguay, López Estrada fue cuestionado directamente sobre si estaría lavando dinero. Ésta fue su respuesta:

–Hoy día el lavado de dinero se ha vuelto muy difícil, porque todos los movimientos financieros que se hacen de un país a otro tienen que pasar forzosamente por bancos americanos, y en ese momento se deja un rastro. Entonces, para un emprendimiento de esta envergadura, yo tengo que ser capaz de justificar el origen de los recursos. Alguien como yo no podría lavar dinero en algo así.

¿Y Jimmy, estará con Tigo?

Tigo y las empresas de Mario López ya salieron avantes de una investigación, la sueca. Deben enfrentar demandas en otros tres países, Estados Unidos, Paraguay y Guatemala. El país en donde la situación es “más difícil”, por la lucha contra la impunidad en la que está encarrilado, es Guatemala. Pero no sólo debe estar pendiente de superar demandas. Además, Tigo debe asegurar que no se afecten sus intereses y sus posibilidades de mercado en cuando salga al mercado una nueva banda, la 4G de telefonía, que disputan con Claro y Telefónica.

El gobierno de Jimmy Morales será el que decida si se saca a licitación, si se reparte a partes iguales entre las tres empresas de telefonía o si opta por entregarlos, como quería Tigo el año pasado, directamente a la empresa de Mario López Estrada. En ese momento se verá si Jimmy Morales, como Vinicio Cerezo, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina, también está contigo.

Tigo envió una carta de aclaración a este reportaje. Tiene razón en varios puntos (corregidos en esta nota) y en otros puntos no la tiene. Aquí un enlace a la nota de seguimiento.

Correcciones hechas el 9 de agosto.
* Decía financiamiento ilegal cuando debía decir financiamiento.
** Decía 25 años cuando debía decir 20 años.
*** Decía: “Ello fue en marzo de 2015 pero hasta la fecha no han pagado porque siguen peleándolo en tribunales”.
**** Por un error se había consignado que Luis Valladares ya no era CEO y era diputado. El diptuado de TODOS es su hermano, José Rodrigo Valladares.


¡Qué joyita la que nos trajo el cínico Aníbal Gaviria Correa, y su escudero y socio de fechorías, Juan Esteban Calle Restrepo¡





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