Concepto claro: Somos Trabajadores Oficiales
En nuestro comunicado anterior, habíamos lamentado la forma como se están ganando la plata algunos asalariados que no conocen de la función pública, pero que contrario a sus posiciones privatizadoras y embelecos subrepticios, no prestan sus servicios al sector que representan sino que vienen a socavar nuestro patrimonio público. Porque basándose en el famoso “control copy” bajan de Internet formatos que acomodan a su amaño para perjuicio a ultranza de los trabajadores. Valga mencionar el inmediato y conocido reglamento interno de trabajo de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Tratando de acomodar circunstancias, para impedir que prosperen sendas investigaciones en contra de funcionarios comprometidos en faltas contra el erario, nos han querido deslegitimar el régimen que vigila nuestras actuaciones, el de la ley 734. Nada más lejos de la realidad y más cercano a la prueba de ignorancia que el desconocimiento de nuestra condición y carácter de trabajadores oficiales unos, empleados públicos otros, pero que en términos concretos estamos revestidos ambos de la calidad de servidores públicos.
Con fecha del 19 de septiembre de 2012, en una respuesta al Presidente del Concejo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación, hace toda una disertación, en un documento de 8 páginas, de la condición, calidad y carácter con que estamos revestidos unos y otros. Y es tajante en remarcar el régimen normativo que nos cubre. Por fortuna, sobre esto hemos venido sosteniendo debates y dando discusiones, pues sin la falsa modestia, hemos tenido esta claridad desde nuestro desmembramiento de la casa matriz. Hoy este concepto nos vuelve a rodear en nuestra razón. Aunque éste no sea el fondo de nuestra lucha, nuestros objetivos son la sostenibilidad y viabilidad de nuestra empresa. De ahí nuestros acercamientos a todos los estrados y escenarios, con logros como el aquí expuesto.
La nueva administración ha logrado, en parte, distraer la atención sobre lo fundamental, nuestra empresa, tratando de encubrir culpables, y para ello se ha valido inclusive del despliegue de unos reglamentos apócrifos en su origen y contenido, porque La Procuraduría ha sido clara en la norma que rige, define y vigila nuestros actos. Somos insistentes en ello. Tratar de invalidar disposiciones de este tipo, es pasar de la necedad al ámbito de la falta merecedora de toda investigación. ¿Quién va a responder por los dineros que se están gastando en la demostración de lo indefensable? En su momento tendrán que aparecer los responsables.
Ahora saldrán a decir que como es un concepto no vinculante, tendrán la facultad de no acogerse a él. Otra cosa será la situación que se presente cuando confronten el criterio de una administración y el conocimiento a fondo del Ministerio Público, en los estrados que provoque cualquier discusión. Hoy se hace más evidente que la tesis que manejaba la anterior Jefe de Control y Procesos Disciplinarios, es una verdad irrebatible a la cual se tendrán que acostumbrar sus más enconados detractores. Teniendo en cuenta que La Procuraduría, calificó de impertinentes, por no decir otra cosa, a quienes trataron de engañar la opinión pública con interpretaciones que sólo aplican a entidades mixtas. Ahora, se hace muy necesario el que se sepa que el esguince que se le intentó de hacer a la ley 734, desconociendo su aplicación se convierte en una falta gravísima. Esto debe quedar bien claro.
La discusión que deberíamos estar dando, al centro de objetivos validos y alcanzables, si se tuvieran responsabilidades, funciones y proyecciones claras, sería la de lograr reposicionar a UNE EPM Telecomunicaciones S.A., comenzando por crear una estrategia oportuna frente al 4G, porque consideramos muy pobres los argumentos y presencia de nuestra empresa en los debates del Senado de la Republica. Allí
Junta Directiva
UNIGEEP
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